/ viernes 28 de junio de 2019

Antena | IMER: para muestra, un botón

Por: Javier Orozco

No es una cuestión nueva ni culpa de la actual administración pública federal, el hecho es que los llamados medios públicos en México están en crisis, no sólo económica, sino editorial, programática, tecnológica y de audiencia. Lo que está ocurriendo con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) es sólo un botón de muestra de lo que pasa en diversas áreas del Gobierno, que por las medidas de austeridad está desmantelando estructuras administrativas, sin valorar su peso y función.

Tampoco se trata de ir al extremo y que exista dispendio, reflejado en gastos superfluos o contrataciones sin sentido. Lo único que es cierto es que el IMER será finalmente atendido en la parte presupuestal, pero sin recursos adicionales, anunció el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez.

Han transcurrido siete meses del nuevo Gobierno, y entre la curva de aprendizaje de los servidores públicos y las reglas de austeridad, se ha llevado a los medios públicos a una encrucijada en la que tienen que encontrar un modelo acorde con la realidad mexicana; nunca es en vano hacer estudios comparativos de otros medios públicos en el mundo, como la BBC de Londres, la PBS de Estados Unidos o Corporación de Radio y Televisión Española, pero hay factores políticos, económicos y sociales que hacen diferente a cada país, de ahí la importancia de encontrar un modelo propio.

Trasciende que los medios públicos están preparando una iniciativa de ley que los regule y que buscarán que incursione en el periodo ordinario de sesiones del Congreso que inicia en septiembre, al parejo del paquete económico. De estos dos planteamientos, la parte presupuestal es un aspecto que deben trabajar los medios públicos con la Secretaría de Hacienda, así como con su cabeza de sector. La perspectiva de crear una ley específica debe ser sensata, no se puede dar por mandato la capacidad, experiencia, talento e independencia editorial.

Además, no se debe olvidar que cada medio público (IMER, Radio Educación, Canal 11, Canal 22 y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano) tienen naturaleza jurídica diversa.

Deben tener claro que su función es contribuir de manera decidida a la afirmación y reconocimiento de todas las culturas, visiones y voces que conforman la nación, promoviendo la convivencia pacífica y la cohesión social, en contra de la polarización social, conflictos, hostilidades, marginación y desigualdades.

La radiodifusión pública no debe ser una herramienta gubernamental ni un distractor para que la sociedad se mantenga ajena al conocimiento de los temas nacionales. Tampoco debe ser un instrumento para crear percepciones erróneas o parciales sobre la realidad social.

Es inadmisible la existencia de medios al servicio del Gobierno. Los medios públicos deben ser auténticos instrumentos de Estado, a través de los cuales realice los fines que le son propios. Mientras los medios públicos se separen más del Gobierno (al margen del partido que sea), su credibilidad aumentará. Hoy, el IMER la libró, pero la problemática sigue vigente.

Por: Javier Orozco

No es una cuestión nueva ni culpa de la actual administración pública federal, el hecho es que los llamados medios públicos en México están en crisis, no sólo económica, sino editorial, programática, tecnológica y de audiencia. Lo que está ocurriendo con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) es sólo un botón de muestra de lo que pasa en diversas áreas del Gobierno, que por las medidas de austeridad está desmantelando estructuras administrativas, sin valorar su peso y función.

Tampoco se trata de ir al extremo y que exista dispendio, reflejado en gastos superfluos o contrataciones sin sentido. Lo único que es cierto es que el IMER será finalmente atendido en la parte presupuestal, pero sin recursos adicionales, anunció el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez.

Han transcurrido siete meses del nuevo Gobierno, y entre la curva de aprendizaje de los servidores públicos y las reglas de austeridad, se ha llevado a los medios públicos a una encrucijada en la que tienen que encontrar un modelo acorde con la realidad mexicana; nunca es en vano hacer estudios comparativos de otros medios públicos en el mundo, como la BBC de Londres, la PBS de Estados Unidos o Corporación de Radio y Televisión Española, pero hay factores políticos, económicos y sociales que hacen diferente a cada país, de ahí la importancia de encontrar un modelo propio.

Trasciende que los medios públicos están preparando una iniciativa de ley que los regule y que buscarán que incursione en el periodo ordinario de sesiones del Congreso que inicia en septiembre, al parejo del paquete económico. De estos dos planteamientos, la parte presupuestal es un aspecto que deben trabajar los medios públicos con la Secretaría de Hacienda, así como con su cabeza de sector. La perspectiva de crear una ley específica debe ser sensata, no se puede dar por mandato la capacidad, experiencia, talento e independencia editorial.

Además, no se debe olvidar que cada medio público (IMER, Radio Educación, Canal 11, Canal 22 y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano) tienen naturaleza jurídica diversa.

Deben tener claro que su función es contribuir de manera decidida a la afirmación y reconocimiento de todas las culturas, visiones y voces que conforman la nación, promoviendo la convivencia pacífica y la cohesión social, en contra de la polarización social, conflictos, hostilidades, marginación y desigualdades.

La radiodifusión pública no debe ser una herramienta gubernamental ni un distractor para que la sociedad se mantenga ajena al conocimiento de los temas nacionales. Tampoco debe ser un instrumento para crear percepciones erróneas o parciales sobre la realidad social.

Es inadmisible la existencia de medios al servicio del Gobierno. Los medios públicos deben ser auténticos instrumentos de Estado, a través de los cuales realice los fines que le son propios. Mientras los medios públicos se separen más del Gobierno (al margen del partido que sea), su credibilidad aumentará. Hoy, el IMER la libró, pero la problemática sigue vigente.