Los acontecimientos de los últimos tiempos y a 100 días del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad han vuelto a dirigir los reflectores del debate público nacional hacia un problema cuya solución simplemente parece no querer llegar. Es lamentable y ante el reclamo de Nelson Vargas estos actos violentos parecen no tener fin en nuestro país, con esto se confirma que la alternancia política no es condición suficiente para eliminar el crimen y la delincuencia.

Pues bien, antes de creer, como se ha dicho, que la reciente ola de delitos se debe a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantenía un pacto secreto con la delincuencia -que según esto iría desde el narcotráfico internacional hasta el carterista de banqueta- es necesario considerar que en casi toda nueva democracia se manifiesta un incremento arrollador de la delincuencia común -de la organizada- y de la criminalidad -incluyendo los homicidios- lo que provoca temor en la población y a la vez un sentimiento creciente de inseguridad. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos la respuesta del pueblo ha sido su disposición a favor del retorno a esquemas autoritarios de gobierno y de acciones represivas en relación con el crimen.

En este contexto y de manera definitiva, la seguridad pública se convierte en una prioridad apremiante para la consolidación democrática. Es por ello también que resulta pertinente tratar de hacer a un lado el aburrido discurso que busca en el pasado a los culpables de los hechos de hoy, cuando lo realmente importante es encontrar soluciones para el mañana.

Hoy en día es un lugar común pensar que una de las principales diferencias entre los países desarrollados y aquellos que se han sumido en la violencia es la confianza y desconfianza, respectivamente, que sus ciudadanos tienen en el cumplimiento de las leyes y en el sistema judicial. Ésta es una perspectiva concentrada exclusivamente en el Estado. Es verdad que la confianza tanto en la justicia de las leyes como en los sujetos que las aplican es un elemento que contribuye al buen orden de una sociedad, sin embargo, no es el único.

La época feudal es prueba clara de que una sociedad puede vivir pacíficamente y en orden sin leyes y sin Estado. La sociedad feudal no concibió el poder en términos abstractos. Se caracterizó por vínculos personales de dependencia. De modo que, el gobernado lo era, en la medida en que él mismo había dispuesto quien lo gobernara por medio del pacto de vasallaje. Un contrato a través del cual el señor feudal se comprometía a otorgar protección y sustento al vasallo a cambio de su fidelidad, ayuda y consejo. La institución del vasallaje no era así, sino el reflejo de una sociedad caracterizada por la dispersión del poder político y por el miedo a lo desconocido tanto en el aspecto mágico -dragones, brujas o duendes- como en el físico -especialmente tras las invasiones vikingas al Imperio Carolingio-. Asimismo, se sustentaba en una fuerte tendencia a la militarización como contrapeso de ambos. La seguridad se concebía así como el producto de una relación personal entre el vasallo y el señor feudal, el único capaz de defender a su pueblo. En ello nada tenía que ver el Estado, el cual, por otra parte, simplemente no existía.

No fue sino hasta la Revolución Industrial cuando el concepto de seguridad pública adquirió la connotación de combate a la delincuencia con que ahora lo usamos. El miedo a los fuegos, a los delitos comunes, al robo y al atraco, e incluso las huelgas, marchas y revueltas promovieron el desarrollo de una industria que, sin embargo, seguía siendo esencialmente privada. La irrupción práctica de lo público en el tema de la seguridad no ocurrió sino hasta tiempo después, cuando se difundieron las ideas políticas de Locke y de Voltaire.

Con el Estado involucrándose en la seguridad, con el control del crimen y el entendimiento de sus causas, se abrieron nuevas áreas de estudio a la investigación realizada por Lombroso y sus colegas criminólogos. Las compañías de seguros vendieron contratos a un número cada vez mayor de clientes privados, y proporcionaron asesoría sobre temas de seguridad. Pero, dentro de esto de esta lógica, los temas de seguridad se concibieron únicamente dentro del contexto de una solución técnica -alarmas, cerraduras, cajas fuertes- o en el de la confrontación con el aparato estatal -la policía que previene y sanciona al crimen y a los delitos-.

Fueron las dos guerras mundiales del siglo XX las que relegaron de forma definitiva el problema de la seguridad pública al ámbito exclusivamente estatal debido, inicialmente, al miedo al sabotaje y a la subversión militar; y, con la guerra fría, a la guerrilla, al terrorismo y al espionaje internacional. Fue también en esta época cuando la permanencia de la seguridad externa del Estado se sobrepuso a la convivencia social, o sea, al orden dentro de dicho Estado.

Así las cosas y dada la confusión existente entre seguridad nacional y seguridad pública, quizá sea ahora el momento de abandonar la visión instrumental, preventiva y represora, de las instituciones policiales. Sobretodo en una sociedad atravesada por profundas injusticias sociales como la nuestra. La gestión policial y las medidas administrativas deben proporcionar incentivos dentro de la institución para promover un serio compromiso con la vigilancia comunitaria en las comunidades más pobres y marginadas sin que la policía -la profesional del crimen- se niegue al diálogo.

Con la reaparición del tema de la inseguridad en el debate público se abre una ventana de oportunidad para redefinir, no sólo, la forma en la que operan nuestras instituciones policiales sino también la concepción profunda que las sustenta.

La seguridad no es un asunto exclusivo del Estado, pero tampoco corresponde sólo a los particulares. El miedo que actualmente vivimos está llevando a una industria que, como en la época feudal, se acerca cada día más a la creación de verdaderos ejércitos privados y a la existencia de una sociedad con tintes casi militares. Una sociedad cada día más autoritaria, a pesar de la transición. Se trata entonces de encontrar un equilibrio que provea por el bien y la tranquilidad de todos, sin importar su clase social.