/ lunes 4 de septiembre de 2017

¡Hasta encontrarlas, son más de 30 mil!

No entiendo por qué el gobierno mexicano ha postergado el reconocimiento de la competencia del Comité de ONU contra la desaparición forzada cuando en nuestro país hay más de 30 mil personas desaparecidas involuntariamente de manera forzosa por agentes del Estado, por su aquiescencia o tolerancia; o perpetradas por grupos del crimen organizado.

Estamos a punto de dar un paso trascendental con la aprobación de la ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada y la cometida por particulares, que durante dos años estuvimos construyendo desde el Senado con las familias de personas desaparecidas y que la Cámara de Diputados debe aprobar y enviar al Ejecutivo para su publicación en el DOF para que entre en vigor y se etiqueten recursos para su implementación.

Es importante que el gobierno federal haya mostrado voluntad política en las discusiones para lograr la ley y concretar compromisos con las herramientas y mecanismos para la búsqueda, investigación y sanción de esta práctica bárbara señalada en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el caso Radilla.

Esta ley se encuentra armonizada con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, suscrita por México el 6 de febrero de 2007 y ratificada el 18 de marzo de 2008, sin embargo el artículo 31 de la mencionada Convención quedó reservado por el gobierno mexicano.

El artículo establece que cada Estado parte de la Convención puede reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, organismo especializado de las Naciones Unidas, para examinar toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, representantes legales o personas autorizadas por ellos.

Une vez hecho dicho reconocimiento el Comité podría adoptar una decisión dirigida al Estado a efecto de que se garanticen los derechos de las víctimas de desaparición. Por eso es imperativo que el Presidente acepte y reconozca la competencia del Comité y muestre voluntad enviando al Senado la solicitud respectiva. Este instrumento es sumamente valioso porque podría evitar que el delito de desaparición forzada se consuma o permanezca impune y podría proveer de una reparación integral a las víctimas.

Hasta el día de hoy, inexplicablemente, el gobierno no ha aceptado la competencia del Comité. Lo anterior, además de atentar en contra del adecuado cumplimiento de las disposiciones y fines de la Convención, crea dudas en el ámbito internacional sobre el compromiso del Estado mexicano en materia de lucha contra este delito y por ende, en contra del olvido y la impunidad.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha iniciado la campaña “Defendamos hoy los derechos de las personas desaparecidas”, cuyo propósito es impulsar el reconocimiento de la competencia del Comité y la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares en la Cámara de Diputados.

Me uno a esta campaña y desde el Senado insistiremos en que se reconozca la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, porque la verdad, si avanzamos en la redacción de la Ley y estamos a punto de aprobarla e instrumentarla, no entiendo por qué entonces no se reconoce ya su competencia, lo mínimo ante la crisis.

 

Senadora por el PRD. Presidenta

de la comisión de Derechos Humanos.

@angelicadelap

No entiendo por qué el gobierno mexicano ha postergado el reconocimiento de la competencia del Comité de ONU contra la desaparición forzada cuando en nuestro país hay más de 30 mil personas desaparecidas involuntariamente de manera forzosa por agentes del Estado, por su aquiescencia o tolerancia; o perpetradas por grupos del crimen organizado.

Estamos a punto de dar un paso trascendental con la aprobación de la ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada y la cometida por particulares, que durante dos años estuvimos construyendo desde el Senado con las familias de personas desaparecidas y que la Cámara de Diputados debe aprobar y enviar al Ejecutivo para su publicación en el DOF para que entre en vigor y se etiqueten recursos para su implementación.

Es importante que el gobierno federal haya mostrado voluntad política en las discusiones para lograr la ley y concretar compromisos con las herramientas y mecanismos para la búsqueda, investigación y sanción de esta práctica bárbara señalada en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el caso Radilla.

Esta ley se encuentra armonizada con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, suscrita por México el 6 de febrero de 2007 y ratificada el 18 de marzo de 2008, sin embargo el artículo 31 de la mencionada Convención quedó reservado por el gobierno mexicano.

El artículo establece que cada Estado parte de la Convención puede reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, organismo especializado de las Naciones Unidas, para examinar toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, representantes legales o personas autorizadas por ellos.

Une vez hecho dicho reconocimiento el Comité podría adoptar una decisión dirigida al Estado a efecto de que se garanticen los derechos de las víctimas de desaparición. Por eso es imperativo que el Presidente acepte y reconozca la competencia del Comité y muestre voluntad enviando al Senado la solicitud respectiva. Este instrumento es sumamente valioso porque podría evitar que el delito de desaparición forzada se consuma o permanezca impune y podría proveer de una reparación integral a las víctimas.

Hasta el día de hoy, inexplicablemente, el gobierno no ha aceptado la competencia del Comité. Lo anterior, además de atentar en contra del adecuado cumplimiento de las disposiciones y fines de la Convención, crea dudas en el ámbito internacional sobre el compromiso del Estado mexicano en materia de lucha contra este delito y por ende, en contra del olvido y la impunidad.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha iniciado la campaña “Defendamos hoy los derechos de las personas desaparecidas”, cuyo propósito es impulsar el reconocimiento de la competencia del Comité y la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares en la Cámara de Diputados.

Me uno a esta campaña y desde el Senado insistiremos en que se reconozca la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, porque la verdad, si avanzamos en la redacción de la Ley y estamos a punto de aprobarla e instrumentarla, no entiendo por qué entonces no se reconoce ya su competencia, lo mínimo ante la crisis.

 

Senadora por el PRD. Presidenta

de la comisión de Derechos Humanos.

@angelicadelap