LONDRES. Como sabemos, el influyente periódico The New York Times publicó un editorial muy crítica sobre lo que considera como “resistencias del Presidente de México, a la transparencia”. Cita tres casos para ejemplificar sus señalamientos, siendo el tercero y más extendido en su justificación, la negativa del Gobierno mexicano para que el Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios (GIEI) interrogue a los soldados del 27º Batallón de Infantería, sobre los acontecimientos de Iguala/Ayotzinapa.
Con una destacada sincronía, en nuestro país se abre paso una serie de planteamientos que muy lejos están de tratar de aportar elementos para aclarar los hechos y sí en cambio, cuestionar los resultados y avances logrados en las investigaciones, a partir de pareceres inconsistentes y poco sustentados. Ahora bien, aquí en México, fue publicada el pasado día 6, una interesante nota en el periódico “La Razón”. Firmada por Daniela Wachauf, se da cuenta y se reproducen documentos públicos de la Suprema Corte de Justicia de Colombia, en donde se responsabiliza de manipulación, parcialidad e inconsistencia en las investigaciones de la Fiscalía Nacional (Procuraduría General de la República, para nuestro caso), que concluyen con un injusto y arbitrario encarcelamiento.
En efecto, el coronel Luis Alfonso Plaza Vega fue “hallado culpable” de tortura y desaparición forzada en los acontecimientos de los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el grupo guerrillero M-19, tomó por asalto el Palacio de Justicia en Bogotá. En la refriega resultaron decenas de muertos. Mediante cuatro testimonios, que en la sentencia dada a conocer por la máxima autoridad jurídica del país, acusa a la Fiscalía de basarse en declaraciones de un testigo “mendaz” (textual, así lo califica), así como el testimonio de una estudiante, que es tan vago e impreciso que no aporta ningún elemento para la investigación, que culminó con ocho años de encarcelamiento del coronel Plazas Vega.
El caso cobró relevancia internacional, primero, debido a que el militar fue liberado sin ningún cargo, el pasado 16 de diciembre. Y segundo, debido a que la responsable y titular de las investigaciones y por lo tanto, la fiscal Nacional de Colombia en 2007, año en que se dicta la sentencia manipulada al coronel Plazas, es ni más ni menos, que la doctora Ángela Buitrago. En efecto, es la misma persona que encabeza al GIEI que investiga, desde hace casi nueve meses, los hechos de los días 26 y 27 de septiembre en Iguala. Vaya sorpresa.
Hay que leer la reproducción de los documentos públicos de la Suprema Corte de Justicia de Colombia, para constatar la descalificación al trabajo de la fiscal Nacional, Ángela Buitrago. Sin duda que será un elemento a considerar respecto de las condiciones y contenidos que los resultados de las investigaciones que el GIEI haga en nuestro país. Pues en la inexplicable actitud de “buenos contra malos”, se requieren los matices que aportan el trabajo científico, paciente, imparcial y ajeno a apetitos personales para figurar en organismos internacionales. Nos debe la exfiscal, una seria y articulada explicación de lo sucedido en Colombia y el caso del coronel Plazas Vega.
La insistencia del New York Times, en plena sincronía con las presiones del GIEI para interrogar a los soldados del Ejército Mexicano, sumado a los señalamientos maniqueos de algunos pocos comentaristas nacionales, deja en claro, que más que justicia –que sin duda debe hacerse-, hay intereses buscan debilitar una de las escasas instituciones de las que los mexicanos podemos sentirnos orgullosos, como son nuestras Fuerzas Armadas. Y en este caso, del Ejército Mexicano.
javierolivaposada@gmail.com
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