Si bien ya era digno de nuestra atención que hoy por hoy, el decir: “… nosotros detenemos a los malhechores pero el Ministerio Público y los jueces los sueltan”, se haya convertido en una expresión común entre los miembros de las corporaciones policíacas, el Ejército y la Marina; para hacer patente su frustración ante lo que consideran un defecto de las reglas garantistas establecidas por el Sistema de Justicia Penal de corte Acusatorio recién implementado, lo es más, que el jefe de gobierno de la Ciudad de México y un número considerable de los gobernadores estatales, consideren que la incidencia delictiva se está incrementando por culpa de la nueva forma en que se realiza la persecución de los delitos y se juzga a quienes se considera responsables de ellos, puesto que protege indebidamente a los delincuentes y deja expuesta a la ciudadanía, a decir de Miguel Ángel Mancera hace unos cuantos días.
Y mi sorpresa no es para menos, pues si bien es cierto que el Sistema Penal Acusatorio sin duda es de corte garantista, ya que pugna por el respeto de los derechos tanto de la víctima como del imputado –partiendo de la presunción de inocencia de éste-, fomenta la transparencia y pretende que la aplicación de la prisión preventiva sea excepcional; también lo es, que la condiciona cuando las demás medidas cautelares no son suficientes para asegurar: la comparecencia del inculpado en el juicio, durante la investigación, proteger a la víctima, testigos o comunidad, entre otras, y que no esté acusado de delincuencia organizada, homicidio, violencia etc. Por lo que en mucho nos ayudaría a los ciudadanos que los gobernantes inconformes nos precisaran cuáles de las condicionantes enunciadas deben ser erradicadas, y así estar en posibilidad de cumplir aceptablemente con su obligación de velar por la seguridad pública, tan deteriorada, según ellos, por ¡culpa del nuevo sistema!
Con toda seguridad, la mayoría de estos dirigentes locales ya ocupaban cargos públicos de importancia y no dijeron esta boca es mía, cuando se discutieron el proyecto de reforma constitucional –nuestro jefe de gobierno ya era procurador, por ejemplo- y el del Código Nacional de Procedimientos Penales, y muy probablemente participaron en ello, amén de que todas las entidades federativas que hoy gobiernan los hicieron suyos, propiciando su entrada en vigor.
Naturalmente era políticamente incorrecto y personalmente inconveniente, anotar los defectos de los textos que ahora observan como la causa de los altos índices delictivos. Las reformas fueron vendidas a la ciudadanía, como la varita mágica que por sí misma bastaría para resolver nuestro problema de corrupción, impunidad y permanente violación de sus derechos humanos no solo a los imputados, sino especialmente a las víctimas, de lo que siguiendo su lógica, eran causados por el viejo Sistema de Justicia Penal denominado como Inquisitivo.
De lo que personalmente estoy convencido, es que la adopción de cualquier sistema de justicia implica un cambio de cultura ciudadana, capacitación a fondo de los avocados a operarlo –principalmente las nuevas generaciones a través de las aulas- y una buena dosis de tecnología e infraestructura, todo ello responsabilidad no cumplida de los gobernadores. Más vale hacer algo a hacer nada, aunque después lo mejores, cuando pienses que en alguna de sus partes no está funcionado.
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