La marcha y manifestación con las que serán recordados hoy los sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, pueden convertirse en la gran prueba para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su política de no aplicar la ley para impedir o castigar los actos de violencia –delitos flagrantes—con los que las bandas del crimen han atacado, hasta con la muerte, al Ejército, a la policía, a la Guardia Nacional y ofendido gravemente a la sociedad.Los grupos a los que se quiere identificar con organizaciones de ideología y prácticas anarquistas han hecho su reaparición en distintas movilizaciones urbanas desde el comienzo de la presente administración. Por primera vez, contingentes de mujeres encapuchadas con palos, piedras y otros proyectiles siguieron la manifestación femenil del sábado pasado en demanda de la legalización a nivel nacional del aborto, y en su camino cometieron actos vandálicos en las principales arterias de la Ciudad de México. Los ataques contra establecimientos comerciales y edificios históricos no son una novedad en las manifestaciones callejeras.
En la pasada administración, muchos de ellos fueron detenidos por las fuerzas del orden y sometidos a juicio por los delitos cometidos. La novedad es que no obstante la evidencia de estos actos delincuenciales, el actual el actual gobierno ha dado la orden lo mismo al Ejército que a la Marina y a todas las fuerzas policíacas, de no usar las armas para reprimir esas violaciones violentas a la ley. Si en el pasado la oposición, una parte de la cual se encuentra hoy en el gobierno, aceptó y en buena medida alentó la violencia de los llamados anarquistas, hoy el presidente de la República cambia su enfoque ante esos grupos, a quienes simplemente califica de conservadores y llama a abstenerse de las tácticas de violencia que en el pasado no desaprobó. Las fuerzas del orden no intervendrán este día, 2 de octubre, para contener previsibles ataques y vandalización con motivo de la marcha.
El gobierno de la Ciudad de México ha anunciado la organización de un llamado cinturón de paz para proteger la manifestación, integrado por empleados del propio gobierno a quienes seguramente se concederá asueto en sus horas laborales para acompañar a los manifestantes.
En la geometría política o ideológica es anacrónico hablar de la existencia del anarquismo surgido como una fase del socialismo marxista, con Bacunin y Malatesta en el Siglo XIX. En España el anarco-sindicalismo llevó al extremo su lucha contra el Estado al grado de ocasionar grave deterioro al prestigio y la imagen de la izquierda que combatía al franquismo. El anarquismo cobró fuerza en otras partes del mundo y en México, con el exilio concedido a León trotsky, pero dividió al Partido Comunista y a las corrientes de izquierda que sostenían la idea de la revolución socialista por medios pacíficos.
El anarquismo como tal no existe en el mundo ni en México; se ha convertido en terrorismo internacional, heredero espurio de la revolución mundial que Trotsky proponía en oposición al bloque socialista encabezado por la Unión Soviética. Simpatizante o no de las prácticas de violencia como forma de lucha por una nueva sociedad, el gobierno de López Obrador no puede válidamente considerar al vandalismo y al terror de los llamados grupos anarquistas como conservadores ni mucho menos renunciar ante ellos a su obligación de mantener el orden, la paz y la seguridad con el uso de los instrumentos que la ley pone en sus manos, es decir, la represión del delito, que es una atribución del Estado.
El 2 de octubre no puede ser una ocasión para exponer una vez más a la sociedad al terrorismo y la violencia demencial. Un gobierno responsable tiene la obligación de impedirlo.
srio28@prodigy.net.mx
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