/ miércoles 24 de noviembre de 2021

30 años a la basura

Al final de la historia no habrá presidente de México más “ecoloco” que Andrés Manuel López Obrador. El decreto publicado este lunes 22 de enero de 2021 así lo confirma. Cualquier obra o proyecto fue declarado de seguridad nacional e interés público y pueden comenzar sin que medien trámites para ello, se les da 12 meses para regularizarse y se omite la transparencia.

Con este pretexto, López Obrador tira a la basura tres décadas de fortalecimiento institucional. Uno de los temas que menos importa, en aras del interés público y la seguridad nacional es el medio ambiente. La obra del Tren Maya está atrasada, la refinería de Dos Bocas es inviable, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no sólo lleva atrasos y genera muchas dudas técnicas, sino que en realidad no pudo sortear los requisitos ambientales. La única manera de reponer el tiempo perdido en los caprichos del señor presidente es pisoteando la ley.

La construcción de carreteras es cada vez más compleja por los requisitos ambientales. Hace décadas se podía construir sin considerar los pasos de fauna. Hoy los proyectos deben tener en cuenta las emisiones inducidas de los usuarios de la vía, flora y fauna, el manejo de residuos durante la obra y su mantenimiento. De la decisión de construir una gran obra federal hasta obtener todas sus autorizaciones podían pasar años.

De hecho, la obra misma del Aeropuerto de Texcoco no sólo logró los permisos necesarios, sino que estuvo expuesto a un amplio proceso de consulta pública, el cual no se habría dado con un acuerdo como el publicado en el Diario Oficial de la Federación esta semana. Dos años de ahorro en tiempo habrían permitido duplicar el avance de la obra, lo que habría hecho imposible la cancelación del proyecto ... pero habría elevado sus impactos.

En cuanto a los puertos, las ampliaciones habían estado limitadas porque al ser México un país tropical estamos rodeados de manglares. El pretexto del interés público y la seguridad nacional permitirá iniciar las obras sin verificar impactos, lo cual permitirá a sus promoventes destruir manglares mientras “tramitan” una manifestación de impacto ambiental que no tiene cabida en la ley. Al haber destruido el manglar, todo terminará en una “compensación” simbólica por daños ambientales, en vez de la cárcel que merecen quienes destruyan manglares.

Es previsible que el Acuerdo al que hacemos referencia carezca de legalidad, pues en la práctica está subordinando la ley a un acto administrativo; son previsibles las impugnaciones, pero el mensaje a todas las dependencias federales es de voluntarismo. Cualquier proyecto puede invocar la seguridad nacional y el interés público a costa del medio ambiente y de los intereses locales. Eso incluye las sucursales del Banco de Bienestar que más parecen “paracaidistas” invadiendo predios, pues su construcción ha sido a capricho, sin considerar el respeto a las áreas verdes o al patrimonio histórico.

Lo que está haciendo el presidente de México es anular los avances de México en materia ambiental desde la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en enero de 1988, por el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Un acto por demás irresponsable, pero que en el contexto del cambio climático tendrá consecuencias irreversibles.


Al final de la historia no habrá presidente de México más “ecoloco” que Andrés Manuel López Obrador. El decreto publicado este lunes 22 de enero de 2021 así lo confirma. Cualquier obra o proyecto fue declarado de seguridad nacional e interés público y pueden comenzar sin que medien trámites para ello, se les da 12 meses para regularizarse y se omite la transparencia.

Con este pretexto, López Obrador tira a la basura tres décadas de fortalecimiento institucional. Uno de los temas que menos importa, en aras del interés público y la seguridad nacional es el medio ambiente. La obra del Tren Maya está atrasada, la refinería de Dos Bocas es inviable, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no sólo lleva atrasos y genera muchas dudas técnicas, sino que en realidad no pudo sortear los requisitos ambientales. La única manera de reponer el tiempo perdido en los caprichos del señor presidente es pisoteando la ley.

La construcción de carreteras es cada vez más compleja por los requisitos ambientales. Hace décadas se podía construir sin considerar los pasos de fauna. Hoy los proyectos deben tener en cuenta las emisiones inducidas de los usuarios de la vía, flora y fauna, el manejo de residuos durante la obra y su mantenimiento. De la decisión de construir una gran obra federal hasta obtener todas sus autorizaciones podían pasar años.

De hecho, la obra misma del Aeropuerto de Texcoco no sólo logró los permisos necesarios, sino que estuvo expuesto a un amplio proceso de consulta pública, el cual no se habría dado con un acuerdo como el publicado en el Diario Oficial de la Federación esta semana. Dos años de ahorro en tiempo habrían permitido duplicar el avance de la obra, lo que habría hecho imposible la cancelación del proyecto ... pero habría elevado sus impactos.

En cuanto a los puertos, las ampliaciones habían estado limitadas porque al ser México un país tropical estamos rodeados de manglares. El pretexto del interés público y la seguridad nacional permitirá iniciar las obras sin verificar impactos, lo cual permitirá a sus promoventes destruir manglares mientras “tramitan” una manifestación de impacto ambiental que no tiene cabida en la ley. Al haber destruido el manglar, todo terminará en una “compensación” simbólica por daños ambientales, en vez de la cárcel que merecen quienes destruyan manglares.

Es previsible que el Acuerdo al que hacemos referencia carezca de legalidad, pues en la práctica está subordinando la ley a un acto administrativo; son previsibles las impugnaciones, pero el mensaje a todas las dependencias federales es de voluntarismo. Cualquier proyecto puede invocar la seguridad nacional y el interés público a costa del medio ambiente y de los intereses locales. Eso incluye las sucursales del Banco de Bienestar que más parecen “paracaidistas” invadiendo predios, pues su construcción ha sido a capricho, sin considerar el respeto a las áreas verdes o al patrimonio histórico.

Lo que está haciendo el presidente de México es anular los avances de México en materia ambiental desde la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en enero de 1988, por el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Un acto por demás irresponsable, pero que en el contexto del cambio climático tendrá consecuencias irreversibles.


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