El caos y los estragos ocasionados por las lluvias y el sismo, el más fuerte de los últimos 100 años, que azotaron la semana pasada a gran parte del territorio nacional, y las acciones populares de solidaridad característica de pueblo mexicano, con los compatriotas afectados, atraen nuestra atención, pero no pasó inadvertido un tema que cimbró a la opinión pública, pues parece giro de 180 grados de la forma de dirigir las relaciones internacionales: la expulsión del embajador norcoreano, Kym Hyong Gil.
Resultó polémica la decisión del gobierno mexicano de declarar persona non grata a ese diplomático, días después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenara las pruebas de misiles nucleares norcoreanas e instara a los países miembros a aplicar las sanciones de la ONU a Pyongyan y el líder Kym Jong-un, pues motivó opiniones divididas. Unas voces la apoyan por considerar que además de actuar conforme a lo acordado en la ONU, refuerza las relaciones comerciales de nuestro país con China y Japón; otras consideran que es alarmante, pues parece obediencia a lineamientos de política exterior estadounidense, lo que contrasta con la actitud pacifista característica de México y su política internacional.
La conducción de la política exterior del país corresponde al ejecutivo federal, que está facultado para concertar tratados internacionales, a la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas e interpretaciones de los mismos, previa aprobación del Senado.
Desde el comienzo del siglo pasado esa política está basada en los principios de autodeterminación de los pueblos y la no intervención en sus asuntos internos fijados en la doctrina Estrada, aportación mexicana al Derecho Internacional instituida en 1930, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores se negó a admitir que los asuntos interiores de los gobiernos de unos Estados puedan ser calificados en cualquier sentido por otros, por ser denigrante de la soberanía de las naciones el que unas se arroguen facultades de árbitros y critiquen y traten de reorientar favorable o desfavorablemente la capacidad legal de regímenes de otras, y actúen en consecuencia.
Más allá de esta doctrina, el comportamiento de la política exterior nacional está basado en diversos principios sustentados en instrumentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto de la Sociedad de las Naciones, y en los dictados por el artículo 89, fracción X de la Carta Magna: autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias internacionales, proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internacionales, es decir, que cualquier diferencia se someterá a arbitraje o arreglo judicial y la guerra será solo el último recurso; la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz y la seguridad internacional, además del respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos.
Como ejemplo de respeto a dichos principios tenemos la brillante actuación del exembajador Adolfo Aguilar Zínser en el año 2003, cuando frente al Consejo de Seguridad de la ONU se pronunció por la reconstrucción de Irak de una manera independiente y soberana, con la tarea de promover los derechos humanos.
Dichos principios, la historia diplomática de nuestro país, que en plena guerra fría permaneció en la lista de los no alineados, y la expulsión del embajador norcoreano invitan a la reflexión sobre el presente y el futuro de nuestra política internacional, pues aunque se pregone que no significa la ruptura de relaciones diplomáticas, que es solo una de las formas de presión lícita, no una intervención o interferencia dictatorial (como dijera Jorge Castañeda cuando estuvo al frente de la Secretaria de Relaciones Exteriores) para que un Estado modifique determinada actitud, la realidad es que dicha determinación, aunque ha comenzado a ser emulada por otros Estados, no cesa de causar preocupación, dado que el poderío bélico de la nación asiática contrasta notablemente con la condición de México en ese terreno.
