El sistema jurídico penal de occidente, incluido México por supuesto, funciona sobre la base de la privación de la libertad, salvo la pena de muerte. Lo evidente aquí es que los Estados han puesto toda su confianza, con las variantes propias de los distintos casos, en la cárcel y en el sistema de readaptación o regeneración que la acompaña. Confianza aquélla desgarrada por la triste realidad, en franca y abierta crisis que alcanza las mismas fronteras del Derecho Penal en lo concerniente a la represión de los delitos.
Ahora bien, el caso de México mueve a asombro con el tono de la tragedia. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha dado a conocer los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, punto menos que dramáticos. De acuerdo con ellos el 67% de la población penitenciaria en el país fue detenida sin orden aprehensión, violándose así flagrantemente la Constitución; el 63.8 por ciento sufrió algún tipo de agresión física por parte de la autoridad o persona que llevó a cabo el arresto, violándose derechos humanos expresamente tutelados en la Constitución; y el 75.6 por ciento sufrió violencia psicológica, violándose también los mismos.
El escándalo llega a proporciones mayores al revelarse que el 24.3 por ciento recibió presiones o amenazas para declararse culpable, ya sea en el área del Ministerio Público o de los juzgados, quedando aparte la corrupción y la inmoralidad reinante en los llamados centros de reinserción social. La pregunta es cuál justicia puede haber en esas condiciones. ¿De qué sirve la cárcel y qué función cumple?
El Derecho Penal digamos teórico, queda totalmente aislado, aparte del mundo de la realidad. Queda como una utopía inalcanzable. Es una podredumbre manifiesta y gravísima la que pone de relieve el INEGI, la cual lleva consigo el fracaso del Estado en la represión de la criminalidad. Y esto en medio de un panorama en que la violencia y el impresionante aumento de los delitos acosa cotidianamente al país. Es una burla, es un intento fallido de llevar las cosas bien, hacia adelante. La información dada a conocer descorre el telón de una cloaca. Es un juego macabro con la complicidad de cientos de funcionarios corruptos. La tan pregonada readaptación social de los sentenciados, que de alguna forma va de la mano con la prevención de los delitos, es pura letra muerta sólo declarada solemnemente en la Constitución y en las leyes. Hay una deuda enorme del Estado mexicano, del propio gobierno, con la seguridad social.
Se impone revisar tal situación porque uno de los pilares fundamentales del gobierno es la seguridad de sus ciudadanos y la garantía de que el sistema penal represivo sea justo, humano y basado en los avances de la ciencia. Vivir así, como lo da a conocer el INEGI, es vivir en el engaño al tiempo que se permite a los corruptos enriquecerse hasta el cinismo y la depravación.
¿Los criminales irán a la cárcel, pagarán su deuda con la sociedad para ser un día readaptados? ¿Esos que asaltan cotidianamente y que vejan los más elementales derechos humanos? La desilusión es gigantesca y llega uno a la conclusión de que vivimos en medio de un escándalo simulado.
Ojalá el gobierno, de inmediato, tome cartas en el asunto. Desde luego que no de manera mágica, con una varita de hada reluciente entre las manos, pero sí responsablemente y consciente de su deber con el pueblo.
La varita la han solido utilizar para engañar, pero ningún tratado económico, ninguna política para asegurar el empleo o la educación, sirven de nada si nos hundimos en la injusticia y en la inseguridad.
@RaulCarranca
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