¿Habrá algún Maserati, Ferrari o Lamborghini emplacado en la Ciudad de México? En las últimas semanas el tema ha estado en boga por diversas investigaciones periodísticas que, entre otras consecuencias, debilitaron la posibilidad de que el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, se convirtiera en el primer Fiscal General.
Es preocupante que cada que ocurre un incidente en la Ciudad de México con un auto de superlujo (#LordFerrari, #LordRollsRoyce), el vehículo está emplacado en otra entidad, muy probablemente en Morelos y quizá hasta en el mismo domicilio que el escándalo anterior. Los datos de los registros vehiculares no son reales, lo que vulnera a toda la sociedad. Se puede cometer delitos y al final de cuentas, el vehículo está emplacado en el domicilio que ofreció el gestor de la distribuidora de automóviles. Para colmo, cualquier automóvil que cueste más de 1.4 millones paga al menos 132 mil pesos de tenencia al año, algo que incentiva la evasión.
La tenencia fue creada en 1961, antes que México presentara su candidatura a los Juegos Olímpicos de 1968. Sin embargo, a la tenencia se le quedó el estigma de que había sido establecida para financiar la Sede. En términos de recaudación, este impuesto representa un porcentaje importante para la Ciudad de México: en 2011, entre la Tenencia local y la federal, se recaudaron 5.6 mil millones que representaron 4% de los ingresos. En 2012, ya con la eliminación de la tenencia para la mayoría de los vehículos, la recaudación de este impuesto cayó a 2.1 mil millones de pesos, 1.5% del total de los ingresos. Para 2017 se tiene prevista la recaudación de casi 6 mil millones, representando 3% de los ingresos.
La tenencia no es el impuesto “óptimo” en el sentido de que si los autos contaminan, generan congestión y ocupan un lugar en las calles, castigar el tener es “menos eficiente” que castigar el usar. Si todos los estados cobran tenencia, como sucedía antes del gobierno de Felipe Calderón, que dejó a los estados en libertad de hacerlo, la evasión es baja. Cuando cada estado puede decidir el cobro de tenencia y ésta se vuelve un impuesto exclusivamente local, la evasión es muy posible y ocurre el problema actual.
La tenencia sin embargo puede servir para muchas cosas: financiar transporte público o incluso financiar ciertas obras de beneficio tanto peatonal como vehicular (túneles, donde se gane la superficie para el espacio público). Nunca es fácil hablar de subir impuestos, menos de imponer castigos a quienes estén evadiendo la tenencia mediante el registro en Morelos, pero siempre será mejor hablar de “para qué” sirven esos impuestos.
Puede ser que a todos nos cueste trabajo pagar impuestos, pero la discusión no puede ser tan irracional como simplemente relacionar el cobro de impuestos con la ineficacia del estado o la corrupción. Las obras que necesita la ciudad para infraestructura, sobre todo agua y transporte, requieren decenas de miles de millones de pesos. Un solo kilómetro de metro cuesta alrededor de 100 millones de dólares y se requerirán al menos 200 kilómetros en la Ciudad de México y el doble en la zona conurbada. En agua la historia no es más alagüeña, con necesidades que superan los 200 mil millones de pesos.
Es válido rechazar los impuestos, pero esto nos lleva a la hipótesis de una infraestructura incompleta para la ciudad. Transporte saturado, agua insuficiente, inundaciones. No habrá gobernantes buenos o malos, solo habrá carencias que por razones políticas no se atenderán.
