“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”.
Cicerón
En la semana que recién concluyó, con el fin de evitar "malos entendidos" y como vocero de la Conago, el doctor Miguel Ángel Mancera declaró enfáticamente que la intención del organismo no es la de dar marcha atrás al Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, sólo afinar los puntos finos donde los estados están teniendo problemas con los casos de impunidad que se presentan. Como el riesgo que implican, según el jefe de gobierno, los 12 mil reos que pueden llevar sus procesos en libertad.
Instantáneamente se le unieron quienes más acremente criticaron los resultados de su aplicación recién implementada. Seguramente pensando que poniendo tierra de por medio con la nueva forma de juzgar, también evadirían su responsabilidad en las respectivas tareas que en su momento les tocó, durante la preparación del sistema y el inicio de su entrada en vigor. Sin embargo, no fueron ovacionados como esperaban y las críticas a su actitud oportunista no se hicieron esperar, pues como ya lo mencioné en mi participación anterior, siempre estuvieron en la posibilidad real de incrementar el catálogo de delitos con prisión oficiosa, si es que pensaban que eso era la solución, y no lo hicieron oportunamente, por lo que ahora su discurso se ha suavizado y se pronuncian por “perfeccionar” el sistema con las medidas que están “estudiando” sesudamente para ofrecerlos en breve al poder legislativo.
Ni duda cabe que todo sistema es perfectible y el nuestro no es la excepción, considerando que tiene un año operando y estamos en camino de su armonización normativa, pero los señores gobernadores y compañía, en lugar de hacer lo que les corresponde; como ya lo mencioné, con la capacitación permanente de los actuales actores y la preparación de los chicos en la escuela, por ejemplo; se dedicaron a satanizar lo hecho, trasladando su responsabilidad por el incremento de la delincuencia al sistema penal.
Desde luego que como sociedad debemos darnos a la tarea de mejorar nuestra forma de evitar las conductas delictivas, su investigación y su persecución, así como la manera de juzgarlas; siempre con respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos humanos, circunstancia que no está peleada con la aniquilación de la impunidad, como lo quieren presentar al confundir el enjuiciamiento penal con el combate directo a la delincuencia que le corresponde a la institución policiaca, es decir a la función ejecutiva, en este caso a los gobernadores. Actividad para la que deben estar preparados y demostrar sin lugar a dudas, que su actuación es realizada con plena consideración a los derechos fundamentales tanto de la víctima como del probable delincuente. Sólo así podremos esperar un enjuiciamiento justo y transparente.
El sistema penal acusatorio para tener éxito, requiere de sus operadores una actuación distinta a la que en el pasado realizaban, iniciando con los agentes de la autoridad que tienen el primer contacto con un acto criminal, generalmente la policía. La misma que siempre ha sido cuestionada por el ciudadano, por su poca o nula preparación y la arbitrariedad que la caracteriza, salvo sus muy honrosas excepciones. Situación que no ha sido revertida con eficiencia y sobre todo con voluntad, por lo que no podemos esperar algo diferente si no hemos hecho lo necesario. Señores gobernadores:
“La mentira dura… mientras la verdad llega”. napoleonef@hotmail.com
