Hay un elemento común de quienes están o estuvieron ocupando encargos gubernamentales particularmente en el ámbito de la procuración de justicia y la seguridad: no reconocen la realidad que denuncian los informes de Amnistía Internacional (AI) donde las autoridades son origen y causa de violaciones a los derechos humanos.
Sus investigaciones señalan lo que todos sabemos, en Mexico se violentan los derechos humanos y son comunes las detenciones arbitrarias, materia de su último informe.
Hace un año, AI relató la terrible experiencia de 100 mujeres detenidas por agentes del Estado quienes sufrieron violencia sexual; esta investigación evidenció los abusos sexuales infringidos contra ellas por fuerzas de seguridad para obtener confesiones.
Transitar para lograr el respeto de los derechos humanos está siendo muy complicado porque el principal violentador es quien ostenta la fuerza pública.
Las detenciones arbitrarias forma parte de una práctica que también es necesario erradicar: “Falsas Sospechas, detenciones arbitrarias por la Policía en México”, último informe de AI, diversos funcionarios públicos en el anonimato expresan cómo ocurren los arrestos y las detenciones.
Una de las características que mayor preocupan son los sesgos de discriminación; o cómo asume una autoridad un arresto en flagrancia, o la práctica de la tortura; quienes leen estas letras saben de lo que hablo.
Y las sociedades exigen no más impunidad. La exigencia de justicia tiene diversos rostros.
Por eso el Congreso Permanente emprendió diversas reformas estructurales para que México transite a un nuevo modelo de justicia penal que obliga a todos los agentes involucrados en la investigación de una comisión de delito a cumplir con determinadas garantías.
En el marco jurídico destaca el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal o la ley contra la tortura entre otras reformas trascendentes inscritas en la creación de un sistema garantista con juicios orales y un debido proceso legal. Coincidimos con AI y otros organismos de derechos humanos en que la prisión preventiva oficiosa debe derogarse al igual que el arraigo.
Se acaba de conmemorar el Día del Policía, sin duda las policías deben ser lo mejor de la sociedad, la que la cuida, la protege y garantiza el respeto a la Ley; pero los cambios para lograrlo no se concretan.
Como recomienda AI la autoridad debe formar a estos nuevos policías conforme lo señala la Ley y se garantice que toda persona conozca sus derechos, las razones de su detención y cuente con un abogado.
También deben ser claras las reglas para las detenciones y el uso de la fuerza, entre ellas el uso obligatorio de dispositivos de geolocalización y videocámaras; así no habrá dudas de que la detención se realiza de manera legal. Debe ser obligado el registro de personas detenidas. Otras recomendaciones van dirigidas a las procuradurías, al Congreso de la Unión, a la CNDH, a Conapred.
Amnistía Internacional cree que la educación en derechos humanos es fundamental para prevenir los abusos y violaciones de los derechos humanos; es ni más ni menos lo que señala la Constitución.
Senadora por el PRD. Presidenta de Comisión
de Derechos Humanos.
@angelicadelap
