Consecuencia de los actos de corrupción y del escandaloso papel del PAN en el Congreso del estado por vender, traficar y corromper a los alcaldes con fines de impunidad en el manejo de sus cuentas públicas, la opinión pública, organizaciones sociales y ciudadanos en general, obligaron a los partidos políticos a que en sesión extraordinaria del Congreso,se aprobaran las reformas constitucionales que quitan el manto de inmunidad a servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado.
Además de la vergüenza nacional que evidencio a Acción Nacional y tras las constantes protestas de ciudadanos en contra de la corrupción y la impunidad, la Cámara localaprobó la eliminación del fuero constitucional al gobernador, alcaldes, legisladores y representantes del Poder Judicial del estado.
De nueva cuenta observamos cómo la doble moral del PAN, quien dice encabezar un movimiento anticorrupción actúa al margen de la ley de forma grotesca como lo venía haciendo con los moches que pedía a los alcaldes desde la Cámara de Diputados del Congreso local.
Por ello, con estas reformas el Congreso local cumple uno de los principales reclamos de la ciudadanía y toma una importante decisión en el combate a la corrupción, la impunidad y el fortalecimiento de la transparencia en la administración pública”.
La eliminación del fuero se concretó como una respuesta posible gracias al impulso de la agenda ciudadana de los frentes anticorrupción, agrupaciones ciudadanas, cámaras empresariales y de miles de potosinos que exigían una respuesta y resultados ante la descarada acción de legisladores corruptos.
La decisión del Congreso Local, integra a San Luis Potosí a la lista de estados que han eliminado la figura del fuero, en la que se encuentran Guanajuato. Morelos, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Baja California, Yucatán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y Coahuila.
Las modificaciones aprobadas eliminan lo relativo al procedimiento legislativo que debía realizarse para proceder penalmente en contra de los funcionarios, por lo que, se elimino cualquier protección de carácter procesal que los exima de ser detenidos, procesados o juzgados, por su probable responsabilidad en la comisión de un delito a los funcionarios y servidores públicos de alto nivel.
El dictamen discutido deroga párrafos de los artículos 127 y 128 de la Constitución Política de San Luis Potosí y también deroga el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado.
Ahora los servidores públicos deberán responder a procesos penales en su contra sin que sea el Congreso quien declare esa posibilidad es decir, sin el antiguo juicio de procedencia.
Desde luego esto ocurrirá cuando termine el proceso legislativo, que incluye la aprobación del 50% más uno de los ayuntamientos y su publicación.
Estos avances deben ser muestra del camino sin retorno a un ejercicio del poder más sensato, honesto y transparente. Los cambios forzados por la alerta ciudadana y los grandes agravios como sucedió en la entidad, ya no pueden pasarse por alto y mucho menos solapar a funcionarios y legisladores que se sirven en lugar de servir.
Mayor responsabilidad en el manejo de los presupuestos públicos, más vigilancia y transparencia, garantías de honestidad y de austeridad en la ejecución de obra pública, racionalidad y eficiencia es lo que tanto esperamos y deseamos para avanzar en el desarrollo del Estado y en la práctica cotidiana de la función pública. El camino está listo para que a nivel federal se pueda hacer lo mismo.
Al tiempo.
Ex Legislador
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