A más de dos décadas de que el internet se masificara en nuestro país, la regulación de internet continúa siendo un tema olvidado. De manera paralela, los delitos informáticos han incrementado exorbitantemente –quizás como el propio ciberespacio-, sin embargo, de seguir por esta ruta, México podría convertirse en un “paraíso de delitos digitales” empezando por el sistemático espionaje del que existe evidencia que el gobierno federal ha implementado metódicamente.
Un estudio recientemente lanzado por el laboratorio de políticas públicas “Ethos” señala que entre 2008 y 2015 el millonario presupuesto destinado a la seguridad pública en México se ha incrementado más de 60%, y a pesar de ello, la tasa de homicidios del país es 10 veces superior a la de los países de la OCDE.
En materia de delitos informáticos, se calcula que cerca de 30 mil reportes telefónicos ligados a delitos cibernéticos fueron realizados entre 2010-2015, de los cuales 6 de cada 10 fueron por robo de identidad, 2 por fueron por fraude, mientras que los hackeos representaron apenas uno de cada 10 casos. Al cierre del año pasado, la Condusef recibió 53 mil denuncias por suplantación digital, mientras que Banxico reconoce que el país ocupa el deshonroso octavo lugar mundial en la comisión de estos delitos.
Los delitos informáticos se encuentran legislados en el Código Penal Federal en los artículos 211 (bis 1 al 5 y 7), 424 bis y 429; en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículo 139 y en 21 legislaciones estatales. Sin embargo, el marco jurídico nacional no cuenta con la claridad e institucionalidad necesaria para perseguir efectivamente el ciberdelito.
En abril pasado se llevó a cabo un taller para definir una “Estrategia Nacional de Ciberseguridad” (Encs), en el que participó el Programa de Seguridad Cibernética de la OEA, sin embargo a cuatro meses el único avance es un documento de trabajo.
Según diversos especialistas, con lo presentado el lunes pasado por Presidencia existe una vaga claridad en las acciones que forman parte de la estrategia, ya que hay muchas dudas sobre las capacidades técnicas para afrontar situaciones que van desde protección a usuarios de comercio electrónico, prevención de extorsiones o casos de pornografía y tráfico infantil, hasta ataques informáticos o terrorismo.
Una de las mayores preocupaciones sobre la supuesta Encs, son el tipo de controles que deben existir para que haya confianza hacia el propio gobierno federal sobre sus actividades en internet, esto principalmente porque no se habla de un registro de productos que sean de alto riesgo como lo son el software Pegasus, entre otros que han sido adquiridos incluso por gobiernos estatales.
El reto que enfrentamos en temas tan complejos como la trata de personas o la pornografía infantil es enorme. Hoy con la Encs, se pretende poner atención a los ciberdelitos, tema olvidado, y por el que en los últimos 7 años por ejemplo, proliferaron más de 4 mil páginas de pornografía infantil en internet provenientes de México.
La ciberseguridad es un tema que debería estar hoy más que nunca en la agenda pública, ya que la Encs llega un momento de nula transparencia por parte del gobierno mexicano con relación a la adquisición y uso de productos de vigilancia. Necesitamos que internet sea una herramienta ciudadana, para la transparencia y rendición de cuentas, no “bigbrother” que merme nuestros derechos humanos, ni un lugar con peligros para nuestros niños y niñas.
