/ lunes 28 de agosto de 2017

El meganegocio de la democracia

Este día el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá el anteproyecto presupuestal que espera presentar ante el H. Congreso de la Unión, cuyo monto asciende a 25 mil 45 millones 327 mil 986 pesos, esto es, cerca de 10 mil millones de pesos (mdp) más que lo solicitado en 2012. De ellos, 18 mil 226 mdp estarán destinados al presupuesto base, proyectos y organización de las elecciones de 2018, 802 mdp para bonos de compensación al personal y seis mil 700 mdp se distribuirán entre los nueve partidos con registro: mil 690 mdp al Partido Revolucionario Institucional, mil 282 mdp al Partido Acción Nacional, 773 mdp al Partido de la Revolución Democrática, 650 mdp a Morena, 579 mdp al Partido Verde Ecologista de México, 537 mdp a Movimiento Ciudadano, 419 mdp a Nueva Alianza, 399 mdp a Encuentro Social y 377 mdp al Partido del Trabajo.

Diversas voces han solicitado no emitir cuestionamientos y “cerrar filas” en “defensa” del INE, pues la responsabilidad, aducen, es de la ley electoral, pero ¿quiénes hacen, aprueban y promulgan las leyes de esta naturaleza? Ni más ni menos que los mismos que se benefician y que beneficiarán a sus respectivos partidos llegado el momento de la contienda electoral.

Por eso resulta imposible no cuestionar el descaro y la corrupción con los que se conducen los actores de nuestro sistema político, si en momentos de profunda crisis económica el INE está solicitando el mayor presupuesto en su historia, equivalente al 0.35% del Producto Interno Bruto. Inconcebible erogación equivalente al gasto programable de las secretarías de Marina y Defensa Nacional y que duplica el relativo a la Procuraduría General de la República.

De ahí la indignación social ante las declaraciones del consejero presidente del INE cuando sostiene que México está muy lejos de gastar lo que erogan las democracias más caras del mundo y no puede uno sino preguntarse en primer lugar. ¿Democracia en México? Lamentable falacia, absoluto eufemismo. Ahora bien, en cuanto a su costo, ¿de qué democracias habla? Nuestras elecciones, las más debatidas y caras que tendrán lugar en los tiempos modernos, costarán diez veces más que en España, nueve y media veces más que en Australia, ocho veces más que en el Reino Unido –solo Estados Unidos nos supera- pero representarán también para los partidos políticos la mayor tajada de su historia, pues a los más de seis mil 700 mdp referidos, la ley electoral posibilitará que estos reciban más de 4 mil 800 mdp extra, a cargo de los institutos electorales locales correspondientes a Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, estados en los que serán elegidos sus respectivos gobernadores.

No obstante, algo aún más grave e indignante es, sin duda, en qué contexto se da esta petición: en el de la menor credibilidad no solo en su actuar sino en el de los procesos electorales en nuestra nación, lo que hace del profundo demérito social que enfrenta el INE uno de los focos rojos más delicados que están desde ahora ya encendidos en vísperas de las elecciones del 2018 -proceso en el que se espera habrán de votar cerca de 90 millones de ciudadanos-, además de elevar a niveles extremos la indignación ciudadana, exacerbada de por sí debido a un sinnúmero de razones derivadas de la opacidad, discrecionalidad y fiscalización a modo de la que han sido objeto los procesos electorales de las últimas décadas, tal y como la ciudadanía puntualmente lo ha denunciado.

Sí, estamos entrampados por un sistema político que ha hecho de la democracia el más grande y redituable negocio del que se tenga memoria, solo superado por el del despojo criminal que hemos permitido se haya hecho de nuestro patrimonio nacional.

 

bettyzanolli@gmail.com

@BettyZanolli

Este día el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá el anteproyecto presupuestal que espera presentar ante el H. Congreso de la Unión, cuyo monto asciende a 25 mil 45 millones 327 mil 986 pesos, esto es, cerca de 10 mil millones de pesos (mdp) más que lo solicitado en 2012. De ellos, 18 mil 226 mdp estarán destinados al presupuesto base, proyectos y organización de las elecciones de 2018, 802 mdp para bonos de compensación al personal y seis mil 700 mdp se distribuirán entre los nueve partidos con registro: mil 690 mdp al Partido Revolucionario Institucional, mil 282 mdp al Partido Acción Nacional, 773 mdp al Partido de la Revolución Democrática, 650 mdp a Morena, 579 mdp al Partido Verde Ecologista de México, 537 mdp a Movimiento Ciudadano, 419 mdp a Nueva Alianza, 399 mdp a Encuentro Social y 377 mdp al Partido del Trabajo.

Diversas voces han solicitado no emitir cuestionamientos y “cerrar filas” en “defensa” del INE, pues la responsabilidad, aducen, es de la ley electoral, pero ¿quiénes hacen, aprueban y promulgan las leyes de esta naturaleza? Ni más ni menos que los mismos que se benefician y que beneficiarán a sus respectivos partidos llegado el momento de la contienda electoral.

Por eso resulta imposible no cuestionar el descaro y la corrupción con los que se conducen los actores de nuestro sistema político, si en momentos de profunda crisis económica el INE está solicitando el mayor presupuesto en su historia, equivalente al 0.35% del Producto Interno Bruto. Inconcebible erogación equivalente al gasto programable de las secretarías de Marina y Defensa Nacional y que duplica el relativo a la Procuraduría General de la República.

De ahí la indignación social ante las declaraciones del consejero presidente del INE cuando sostiene que México está muy lejos de gastar lo que erogan las democracias más caras del mundo y no puede uno sino preguntarse en primer lugar. ¿Democracia en México? Lamentable falacia, absoluto eufemismo. Ahora bien, en cuanto a su costo, ¿de qué democracias habla? Nuestras elecciones, las más debatidas y caras que tendrán lugar en los tiempos modernos, costarán diez veces más que en España, nueve y media veces más que en Australia, ocho veces más que en el Reino Unido –solo Estados Unidos nos supera- pero representarán también para los partidos políticos la mayor tajada de su historia, pues a los más de seis mil 700 mdp referidos, la ley electoral posibilitará que estos reciban más de 4 mil 800 mdp extra, a cargo de los institutos electorales locales correspondientes a Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, estados en los que serán elegidos sus respectivos gobernadores.

No obstante, algo aún más grave e indignante es, sin duda, en qué contexto se da esta petición: en el de la menor credibilidad no solo en su actuar sino en el de los procesos electorales en nuestra nación, lo que hace del profundo demérito social que enfrenta el INE uno de los focos rojos más delicados que están desde ahora ya encendidos en vísperas de las elecciones del 2018 -proceso en el que se espera habrán de votar cerca de 90 millones de ciudadanos-, además de elevar a niveles extremos la indignación ciudadana, exacerbada de por sí debido a un sinnúmero de razones derivadas de la opacidad, discrecionalidad y fiscalización a modo de la que han sido objeto los procesos electorales de las últimas décadas, tal y como la ciudadanía puntualmente lo ha denunciado.

Sí, estamos entrampados por un sistema político que ha hecho de la democracia el más grande y redituable negocio del que se tenga memoria, solo superado por el del despojo criminal que hemos permitido se haya hecho de nuestro patrimonio nacional.

 

bettyzanolli@gmail.com

@BettyZanolli

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