Que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya determinado irregularidades en la construcción del Paso Exprés en Cuernavaca inaugurado en abril pasado por Peña Nieto y recientemente acaecido en desgracia, no es novedad si se revisa la cantidad de obra pública y contratos que han sido observados en las Cuentas Públicas de al menos los últimos cuatro años, en donde los desvíos de obras son multimillonarios. En el fondo del problema, la impunidad cobra vidas y daña el erario, mientras el sistema anticorrupción no puede si quiera despegar.
Tan sólo en 2015, la entidad fiscalizadora realizó observaciones sobre el ejercicio de mil 785 millones de pesos, de los cuales 139 millones fueron para la ampliación y modernización de la plataforma presidencial en el Aeropuerto Internacional de la CDMX; recursos ejercidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, otro de los intocables de la actual administración. En ese año, fueron observados desvíos por al menos 165 mil millones de pesos en todo el país.
Otra muestra de la impunidad que goza la corrupción en México, se tuvo cuando el New York Times, hizo público el sistemático espionaje del gobierno a activistas y adversarios políticos del gobierno de Peña. El escándalo de dimensiones internacionales, pasó a la vergonzosa lista de desafortunados eventos de este sexenio como lo son la Casa Blanca de Angélica Rivera, la Casa de Malinalco de Videgaray, o los millonarios contratos que OHL o grupo HIGA han obtenido de manera casual y constante desde que EPN gobernaba el Estado de México.
Sobre este episodio, hoy PGR, Cisen y Sedena, tienen mucho por lo cual rendir cuentas a la ciudadanía, toda vez que se han hecho públicas al menos cuatro facturas digitales en las que se evidencia que la empresa Proyectos y Diseños VME, resultó beneficiada con jugosos contratos que suman cerca de los 500 millones de pesos, sólo para brindar mantenimiento y licencias, para la ejecución de la ya conocida plataforma de espionaje Pegasus.
Semanas atrás, el escándalo vino de mano de la trágica explosión de la Refinería “Antonio Dovalí Jaime”, en Salina Cruz, Oaxaca, la cual según la ASF, a pesar de habérsele destinado 23 millones 226 mil pesos en mantenimiento, presentó irregularidades. Los contratos que Pemex asignó para obras de mantenimiento a la refinería, se dieron sin la observancia necesaria, y presumiblemente empresas primoparticipantes los obtuvieron incluso mediante la presentación de certificados apócrifos sobre algunos materiales, lo que derivó en parte en el incidente.
Este lunes se espera que la llegada de Javier Duarte esté acompañada de su oportuna presentación ante las autoridades, aunque la exigencia ciudadana tiene la mira en un castigo ejemplar para uno de los personajes más emblemáticos del nuevo PRI, y uno de los peores gobernantes que han existido en la historia del país.
No es fútil el reclamo que se ha hecho al unísono al Senado de la República por la terrible demora para designar a un fiscal Anticorrupción y echar andar un SNA que hoy es letra muerta. Con los más recientes hechos, es aún más, debatible que el ahora procurador, tenga pase automático a convertirse en la principal figura de autoridad de este sistema por nueve años.
El grave socavón que urge reparar es ése que nos impide acabar con la corrupción, que en este sexenio ya ha roto récords, y que lamentablemente está relacionado con una mala noticia cada semana.
Diputada federal por Movimiento Ciudadano
