/ martes 22 de noviembre de 2016

En Cantera y Plata

  • Claudia S Corichi
  • La brutal y encubierta expresión de la tortura sexual en México

Una de las peores crisis que enfrenta México en la actualidad, es la de Derechos Humanos. No solo estamos reprobados internacionalmente por el tema, sino que dicha problemática, se ha vuelto carta de presentación de nuestro país para el mundo, todo, con la desvergonzada y muda respuesta del Gobierno federal ante los llamados de la comunidad internacional. Esta semana que conmemoramos el 25 de noviembre la lucha contra la violencia de género, no podemos pasar por alto esas agresiones que parecieran “invisibles”, las de la tortura sexual contra mujeres cometida por fuerzas policiales, que se ha convertido en un asunto complejo y grave en nuestro país.

La violencia contra las mujeres reviste una de las peores caras, sobre todo por los constantes feminicidios y la voraz violencia con que son cometidos, pues como lo señalan las cifras del propio Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a diario mueren siete mexicanas a causa de la extrema violencia. Vivimos en un país donde la gente ya no confía ni en quien procura la justicia, vivimos en un México que clama a gritos en las calles cada mes NI UNA MÁS. La lucha no solo es en contra de la violencia, de la impunidad, o la injusticia, sino contra esa cultura que “normaliza” que si una mujer es presunta responsable de algún delito, ahí en automático pareciera perder todo derecho de ser tratada con dignidad.

El Informe “Sobreviviendo a la muerte, tortura de mujeres por policías y Fuerzas Armadas en México”, presentado por Amnistía Internacional México, ante mi invitación a un grupo diverso de legisladoras en la Cámara de Diputados en julio pasado, daba cuenta de la gravedad y crudeza en la que se vive este fenómeno en nuestro país. De cada 10 mujeres recluidas en prisiones federales en nuestro país, siete afirmaron haber sufrido tortura sexual ya sea psicológica o física durante su arresto e interrogatorio; mientras tres de éstas señalan haber sido violadas por las fuerzas de seguridad.

Derivado de esta presentación, hemos establecido una agenda clara en favor de los derechos y dignidad de estas mujeres, entre las que destaca la presentación de una iniciativa que tiene en el centro garantizar el derecho a conocer los informes y resultados de las diligencias y análisis que realice la CNDH, pues éstas son instrumento clave para exigir justicia.

México se enfrenta a este escenario de la peor manera, pues a pesar de contar con una de las comisiones de Derechos Humanos más caras del mundo, -incluso más costosa que las comisiones de la Unión Europea, o la de Reino Unido- ésta no refleja su trabajo en la defensa de los derechos humanos, pues siete de cada 10 pesos se van a pagar nómina, y de cada 100 quejas que se presentan, solo una termina en recomendación, por lo que es urgente que dicha instancia ponga atención a estos casos, toda vez que incluso para este 2017, se contempló un aumento en sus recursos.

La realidad sobre la tortura sexual contra mujeres en México es tan evidente, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue acumulando casos sobre este tema.

En ellos destaca el aún “penoso episodio” de Peña Nieto cuando fuera gobernador del Estado de México, respecto de los operativos en Atenco en 2006, en los que fueron detenidas 47 mujeres, y al menos 26 fueron violadas sexualmente. La CIDH ha dictado ya una recomendación respecto de estas violaciones, que brilla por la ausencia de una respuesta contundente del Ejecutivo federal.

A un año de la instalación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual (y con solo dos sesiones en su haber); Segob no ha podido responder a la inminente demanda de la sociedad civil por justicia a estos casos, pues la violación sistemática de los derechos humanos de cientos de mujeres permanece en la impunidad, pues como lo mencionaba la evidencia de una “cultura de encubrimiento” por parte de los ministerios públicos, médicos y cuerpos policíacos es abrumadora.

Muchas de las mujeres presas en México lo están debido a su condición social, muchas están al momento de su detención en lugar equivocado, en compañía de las personas equivocadas, muchas incluso están presas por ser chivos expiatorios, son doblemente víctimas de las circunstancias y de la discriminación que intersecta género, clase social, condición socioeconómica, etc.

Ante esta grave crisis de Derechos Humanos es urgente que el Estado vele por garantizar la integridad, dignidad, y vida de cualquier mujer en nuestro territorio. Como sociedad debemos exigir que estos casos no permanezcan en la impunidad, pero sobre todo que no se repitan ni una vez más, las autoridades están para protegernos no para violentarnos.

  • Claudia S Corichi
  • La brutal y encubierta expresión de la tortura sexual en México

Una de las peores crisis que enfrenta México en la actualidad, es la de Derechos Humanos. No solo estamos reprobados internacionalmente por el tema, sino que dicha problemática, se ha vuelto carta de presentación de nuestro país para el mundo, todo, con la desvergonzada y muda respuesta del Gobierno federal ante los llamados de la comunidad internacional. Esta semana que conmemoramos el 25 de noviembre la lucha contra la violencia de género, no podemos pasar por alto esas agresiones que parecieran “invisibles”, las de la tortura sexual contra mujeres cometida por fuerzas policiales, que se ha convertido en un asunto complejo y grave en nuestro país.

La violencia contra las mujeres reviste una de las peores caras, sobre todo por los constantes feminicidios y la voraz violencia con que son cometidos, pues como lo señalan las cifras del propio Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a diario mueren siete mexicanas a causa de la extrema violencia. Vivimos en un país donde la gente ya no confía ni en quien procura la justicia, vivimos en un México que clama a gritos en las calles cada mes NI UNA MÁS. La lucha no solo es en contra de la violencia, de la impunidad, o la injusticia, sino contra esa cultura que “normaliza” que si una mujer es presunta responsable de algún delito, ahí en automático pareciera perder todo derecho de ser tratada con dignidad.

El Informe “Sobreviviendo a la muerte, tortura de mujeres por policías y Fuerzas Armadas en México”, presentado por Amnistía Internacional México, ante mi invitación a un grupo diverso de legisladoras en la Cámara de Diputados en julio pasado, daba cuenta de la gravedad y crudeza en la que se vive este fenómeno en nuestro país. De cada 10 mujeres recluidas en prisiones federales en nuestro país, siete afirmaron haber sufrido tortura sexual ya sea psicológica o física durante su arresto e interrogatorio; mientras tres de éstas señalan haber sido violadas por las fuerzas de seguridad.

Derivado de esta presentación, hemos establecido una agenda clara en favor de los derechos y dignidad de estas mujeres, entre las que destaca la presentación de una iniciativa que tiene en el centro garantizar el derecho a conocer los informes y resultados de las diligencias y análisis que realice la CNDH, pues éstas son instrumento clave para exigir justicia.

México se enfrenta a este escenario de la peor manera, pues a pesar de contar con una de las comisiones de Derechos Humanos más caras del mundo, -incluso más costosa que las comisiones de la Unión Europea, o la de Reino Unido- ésta no refleja su trabajo en la defensa de los derechos humanos, pues siete de cada 10 pesos se van a pagar nómina, y de cada 100 quejas que se presentan, solo una termina en recomendación, por lo que es urgente que dicha instancia ponga atención a estos casos, toda vez que incluso para este 2017, se contempló un aumento en sus recursos.

La realidad sobre la tortura sexual contra mujeres en México es tan evidente, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue acumulando casos sobre este tema.

En ellos destaca el aún “penoso episodio” de Peña Nieto cuando fuera gobernador del Estado de México, respecto de los operativos en Atenco en 2006, en los que fueron detenidas 47 mujeres, y al menos 26 fueron violadas sexualmente. La CIDH ha dictado ya una recomendación respecto de estas violaciones, que brilla por la ausencia de una respuesta contundente del Ejecutivo federal.

A un año de la instalación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual (y con solo dos sesiones en su haber); Segob no ha podido responder a la inminente demanda de la sociedad civil por justicia a estos casos, pues la violación sistemática de los derechos humanos de cientos de mujeres permanece en la impunidad, pues como lo mencionaba la evidencia de una “cultura de encubrimiento” por parte de los ministerios públicos, médicos y cuerpos policíacos es abrumadora.

Muchas de las mujeres presas en México lo están debido a su condición social, muchas están al momento de su detención en lugar equivocado, en compañía de las personas equivocadas, muchas incluso están presas por ser chivos expiatorios, son doblemente víctimas de las circunstancias y de la discriminación que intersecta género, clase social, condición socioeconómica, etc.

Ante esta grave crisis de Derechos Humanos es urgente que el Estado vele por garantizar la integridad, dignidad, y vida de cualquier mujer en nuestro territorio. Como sociedad debemos exigir que estos casos no permanezcan en la impunidad, pero sobre todo que no se repitan ni una vez más, las autoridades están para protegernos no para violentarnos.

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