Con optimismo más malicioso que ingenuo, el gobernador saliente de Coahuila, Rubén Moreira, y el candidato al mismo cargo con constancia de mayoría de votos, Miguel Riquelme, que bien puede presumir de ser el candidato a gobernador más cuestionado e impugnado en la historia electoral de México, han iniciado ambos el proceso de entrega-recepción de la gubernatura. Increíble, pero así es. Ocurrencia del más puro humor negro.
Como buenos priistas que son han creado, más que una comisión para el efecto que dicen, una impresionante estructura burocrática con organigrama y toda la cosa. Básicamente la han conformado con candidatos de su partido derrotados en las pasadas elecciones. Al grado de que más parece una legión de damnificados políticos que un grupo serio de trabajo.
Bien saben ambos, Moreira y Riquelme, que tal comisión tiene menos de realidad y más de ficción. Saben que es cuento porque aún en el supuesto, más bien remoto, de que se confirmara el discutidísimo triunfo del segundo, en realidad no se entregan ni reciben nada, toda vez que los dos forman parte del mismo y bien identificado grupo que dentro de los cánones del más puro patrimonialismo han saqueado, sin misericordia, la hacienda pública coahuilense.
Con gran profusión de notas, algo más bien raro cuando se trata de un asunto público de Coahuila, los medios tanto nacionales como locales han informado que las recientes elecciones para gobernador de Coahuila están en vías de anularse. La razón: porque el candidato priista excedió en más de 5 % el tope de gastos de campaña de acuerdo a la investigación del INE, y en razón de que supera con menos de 5 % en votos, según cifras oficiales, al candidato que le sigue.
Tal causa de anulación de los comicios no es la única. Se han alegado otras, que por cierto no tienen como efecto el de inhabilitar para la nueva elección al candidato que oficialmente más sufragios alcanzó en los comicios ordinarios, en el caso el priista Riquelme. Una de esas causales, prevista por la ley, se hace consistir en que en un porcentaje superior al 20 % (se ha dicho y está documentado que fue en el 23 %) de las casillas donde se registraron irregularidades graves el día de la elección. En fin, Moreira y sus secuaces deben estar en estos momentos más que desesperados.
Como es prácticamente un hecho, por una u otra causa, que esas elecciones se anulen para evitar mayores males al estado, más que andar perdiendo el tiempo en una quimérica entrega-recepción, se debe estar tratando de llegar a un acuerdo acerca de lo que sigue.
¿Y qué es lo que sigue? Luego de declararse nulos los comicios debe procederse a la elección por el Congreso local de un gobernador interino “por mayoría absoluta de votos” y expedirse, dentro de los siguientes 90 días, la convocatoria a elección extraordinaria del gobernador que concluirá el periodo.
El gobernador interino, que tomará posesión del cargo el 1 de diciembre, debe ser nombrado por el Congreso local, integrado por mayoría priista, a más tardar el 30 de noviembre. Pero ese gobernador interino a partir del 1 de enero tendrá un Congreso donde el PRI será minoría. Por esta razón y por lo complicado que seguramente resultará tal proceso electoral extraordinario, lo más recomendable es que ese gobernador interino sea alguien totalmente ajeno al PRI.
