Derivado de una investigación llevada a cabo por el periódico digital Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),con base en más de medio millar de solicitudes de información, un nuevo y oprobioso escándalo de corrupción exhibe a la agonizante administración de gobierno federal.
Corrupción tanto o más sofisticada que la empleada por el exgobernador de Veracruz Javier Duarte y sus redes de colusión, derivada de los tres mil 433 millones de pesos (mdp) presuntamente desviados entre 2013 y 2014 de un total de más de siete mil 670 mdp contratados por 11 organismos públicos: Petróleos Mexicanos mediante 36 convenios, por un monto de tres mil 576 mdp; Secretaría de Desarrollo Social de 10, por un monto de dos mil 224 mdp; Fondo de la Vivienda del ISSSTE de 6; Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 4; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y Secretaría de Educación Pública de 3; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y Registro Agrario Nacional de 2; así como la Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de Educación para Adultos de 1, estando bajo la titularidad, respectivamente, de Juan José Suárez y Emilio Lozoya, Rosario Robles, José Reyes Baeza, Gerardo Ruiz Esparza, Alfredo del Mazo Maza, Emilio Chuayffet, Enrique Martínez, Enrique Sánchez Cruz, Manuel Ignacio Acosta, Ildefonso Guajardo y Alfredo Llorente.
Y es que derivado de la revisión de las cuentas públicas de dichos años se advirtió que fueron celebrados ilegalmente dichos contratos con 186 empresas irregulares procedentes de seis entidades de la República Mexicana: Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Estado de México, Nuevo León y Tabasco, de las cuales 128 no podían recibir recursos públicos, tal y como lo reconoció el Sistema de Administración Tributaria,al carecer de infraestructura y personalidad jurídica para ello, esto es, o no existían, o desaparecieron, o no se dedicaban a la actividad para la que dijeron habían nacido, lo que las convierte en 11 empresas “fantasma”, nueve “presuntamente fantasma”, 44 carentes de antecedentes registrales ante la Secretaría de Economía, 28 sin dirección, 12 desmanteladas, ocho inexistentes, 10 no localizadas por la Auditoría Superior de la Federación, seis con una razón social no coincidente con los servicios de origen y 58 presuntamente regulares.
Al respecto, el propio auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, ha reconocido que se trata de un mega fraude, un “claro acto de corrupción” en el que la propia institución ha presentado ya denuncias de carácter penal, pues además están involucradas ocho universidades públicas que actuaron conjuntamente para la operación de los recursos en este tema: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Politécnica del Golfo de México, Instituto Técnico Superior de Comalcalco y Universidad Tecnológica de Tabasco, por cuya intermediación recibieron una “comisión” superior a los mil mdp para “distribuir” despensas, “supervisar” perforación de pozos, “organizar” eventos y “atender” a personas analfabetas. El modus operandi: una “burda” simulación de servicios, como la define el funcionario, “no solo para el desvío de dinero sino para la desaparición de recursos públicos”.
¿Por qué? ¿Por qué este cinismo atroz, esta falta de probidad en todos los niveles de gobierno y ahora hasta en la academia? ¡Imposible aspirar a un México distinto mientras sigamos impávidos observando cómo la corrupción y la impunidad vorazmente nos devoran!
bettyzanolli@gmail.com
@BettyZanolli
