Todo parece indicar que las aberraciones a que llegaron los gobernadores en materia de corrupción -a niveles de escándalo-, atropello a derechos humanos e impunidad, fue con la alternancia a partir del año 2000.
¿Fueron responsables de esa lamentable realidad los dos ejecutivos federales panistas que a partir del mencionado año tuvo el país? Por supuesto que no. Lo que hicieron fue rechazar, como en principio correspondía, el férreo, feroz control que el presidencialismo priista ejercía sobre los mandatarios estatales. Era bien conocido el respeto, el temor reverencial que los gobernadores tenían a la figura del Presidente en turno. ¡Ay de aquel que diera el menor indicio de salirse del huacal! Era hombre muerto.
Las cosas cambiaron radicalmente a partir del año 2001. Pronto se dieron cuenta los gobernadores –y de ello se aprovecharon- que los Presidentes panistas no tenían la menor intención de seguir el modelo presidencial priista. No porque lo desconocieran sino porque era contrario a sus convicciones personales y al tradicional posicionamiento panista sobre el tema. Se tuvo la confianza de que el auténtico federalismo, por mero voluntarismo, se daría en automático. Y aquí estuvo el gran error.
No cobró vigencia el federalismo, como no ha tenido a lo largo de la historia del país. Pero sí esa grotesca institución (si así se puede denominar) que con acierto se ha dado en llamar “feuderalismo”. Es decir, la existencia de gobernadores de horca y cuchillo, auténticos sátrapas, totalmente liberados del férreo control metaconstitucional que el Presidente de la República ejercía sobre ellos. ¡Y ancha es Castilla!
El error principal consistió en suponer que funcionarían con toda oportunidad y corrección los mecanismos de control previstos por el orden constitucional para el ámbito estatal. Principalmente las funciones de esta naturaleza a cargo de las Legislaturas locales. Como es bien sabido ello no ocurrió ni remotamente. Porque estos órganos, hasta donde se sabe, históricamente jamás han operado en México. De hecho ni siquiera tienen historia.
Por eso tiene su mérito un primer acercamiento al tema, contenido en el Informe Legislativo 2016 elaborado y publicado recientemente por el Instituto Mexicano para la Competitividad, (Imco). El informe está referido exclusivamente a los 32 congresos locales, incluida la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Aparte de algunas notas periodísticas más bien de corte sensacionalista difundidas cuando dicho Informe se dio a conocer, causa la impresión de que hasta ahora ese acervo de datos no ha sido debidamente aprovechado. Acervo que desde luego podrá ir mejorando con el tiempo, pero que constituye un buen y razonable inicio.
El informe, que es de esperar se produzca anualmente con datos actualizados, se divide en tres grandes secciones para abarcar las principales funciones que los autores asignan a las Legislaturas estatales, a saber: Presentación de iniciativas de Ley y su aprobación; Ratificación de nombramientos; vigilancia de los otros Poderes e inicio y tramitación del juicio político. Es claro que no se trata de la mejor clasificación de las funciones, pero lo importante es que se han creado 162 indicadores (que sin duda unos sobrarán y otros faltarán) para medir el desempeño de los hasta hoy olvidados órganos legislativos locales. Algo que sea, siempre será mejor que nada.
