/ jueves 15 de junio de 2017

Juego de palabras

La 3de3 se queda de a seis

Quedarse “de a seis “ es una expresión netamente mexicana –no aparece ni en Covarrubias ni en Irribarren– y significa literalmente “quedarse sorprendido” (aunque según el Tumbaburros de la Picardía mexicana, de Armando Jiménez, lo define como: “Quedarse de a seis o quedarse de a buey. Azorarse. Estar en Babia”.

Pues sí, confesamos que nos quedamos de a seis, y más cercanamente emparentados al manso y sufrido buey, cuando nos enteramos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado como constitucionales los artículos 29, 34 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, o sea, que validaron la normativa que dispone que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos serán públicas, excepto en aquellos rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales. Estos datos sensibles quedarán bajo resguardo de las autoridades competentes.

MÁS ENCUERADA QUE UNA MODELO DE PENTHOUSE

Así que la extremenda Ley 3de3 -la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, de intereses y fiscal– que nos vendieron con más dientes que un cocodrilo, resulta que tiene las encías más encueradas que una modelo de Penthouse. Porque la información que se reserva, en cualquiera de los apartados, el patrimonio, los intereses y sus declaraciones al SAT, la decide el propio funcionario, sin que la LGRA o la LGSNA puedan supervisarlo o pedir a las “ autoridades competentes”, mayor información a la ofrecida.

La decisión fue tomada por una mayoría que, hipócrita y elusiva, explicó que votaron a favor porque “no toda la información personal de los servidores públicos es necesaria para la finalidad del nuevo Sistema Anticorrupción”. También pontificaron que “la racionalidad de un sistema de combate a la corrupción no pasa por el conocimiento de datos íntimos y personalísimos del servidor público”.

LOS SUPREMOS EN PRIMERA LÍNEA DE RESERVA

En realidad, para quienes saben de los emolumentos más allá de los más ambiciosos sueños de la avaricia que reciben los integrantes del Poder Judicial mexicano, la decisión de los Supremos era de esperarse. No tengo a mano las cantidades exactas, pero son públicas, y quien esté dispuesto a pasar por el trapiche de la burocracia del IFAI las puede conseguir, lo que sí sé es que se pasan por el arco del triunfo la prohibición legal de ganar más que el Presidente de la República. Y no solo eso. Los bonos, compensaciones, privilegios, aguinaldos y seguros, duplican en muchos casos el sueldo base. Nuestra alta magistratura es tan avara, que fue el único sector de servidores públicos que se negó rotundamente a bajarse sueldo o prestaciones durante el reciente programa de recortes que instauró la administración pública, alegando que toda su lana ya estaba aprobada en el Presupuesto de Egresos de 2017.

Por cierto, que en esa perversa falta de solidaridad fueron acompañados por los consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Entonces, con ese diluvio de doblones cayendo sistemáticamente en sus cuentas corrientes, son los primeros en no querer profundizar, ni en su patrimonio, ni en sus conflictos de interés, y menos en lo que le pagan a Hacienda, que seguramente los trata con extrema generosidad, por si acaso.

Buenos días. Buena suerte.

juegodepalabras1@yahoo.com

Sitio Web: juegodepalabras.mx

La 3de3 se queda de a seis

Quedarse “de a seis “ es una expresión netamente mexicana –no aparece ni en Covarrubias ni en Irribarren– y significa literalmente “quedarse sorprendido” (aunque según el Tumbaburros de la Picardía mexicana, de Armando Jiménez, lo define como: “Quedarse de a seis o quedarse de a buey. Azorarse. Estar en Babia”.

Pues sí, confesamos que nos quedamos de a seis, y más cercanamente emparentados al manso y sufrido buey, cuando nos enteramos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado como constitucionales los artículos 29, 34 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, o sea, que validaron la normativa que dispone que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos serán públicas, excepto en aquellos rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales. Estos datos sensibles quedarán bajo resguardo de las autoridades competentes.

MÁS ENCUERADA QUE UNA MODELO DE PENTHOUSE

Así que la extremenda Ley 3de3 -la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, de intereses y fiscal– que nos vendieron con más dientes que un cocodrilo, resulta que tiene las encías más encueradas que una modelo de Penthouse. Porque la información que se reserva, en cualquiera de los apartados, el patrimonio, los intereses y sus declaraciones al SAT, la decide el propio funcionario, sin que la LGRA o la LGSNA puedan supervisarlo o pedir a las “ autoridades competentes”, mayor información a la ofrecida.

La decisión fue tomada por una mayoría que, hipócrita y elusiva, explicó que votaron a favor porque “no toda la información personal de los servidores públicos es necesaria para la finalidad del nuevo Sistema Anticorrupción”. También pontificaron que “la racionalidad de un sistema de combate a la corrupción no pasa por el conocimiento de datos íntimos y personalísimos del servidor público”.

LOS SUPREMOS EN PRIMERA LÍNEA DE RESERVA

En realidad, para quienes saben de los emolumentos más allá de los más ambiciosos sueños de la avaricia que reciben los integrantes del Poder Judicial mexicano, la decisión de los Supremos era de esperarse. No tengo a mano las cantidades exactas, pero son públicas, y quien esté dispuesto a pasar por el trapiche de la burocracia del IFAI las puede conseguir, lo que sí sé es que se pasan por el arco del triunfo la prohibición legal de ganar más que el Presidente de la República. Y no solo eso. Los bonos, compensaciones, privilegios, aguinaldos y seguros, duplican en muchos casos el sueldo base. Nuestra alta magistratura es tan avara, que fue el único sector de servidores públicos que se negó rotundamente a bajarse sueldo o prestaciones durante el reciente programa de recortes que instauró la administración pública, alegando que toda su lana ya estaba aprobada en el Presupuesto de Egresos de 2017.

Por cierto, que en esa perversa falta de solidaridad fueron acompañados por los consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Entonces, con ese diluvio de doblones cayendo sistemáticamente en sus cuentas corrientes, son los primeros en no querer profundizar, ni en su patrimonio, ni en sus conflictos de interés, y menos en lo que le pagan a Hacienda, que seguramente los trata con extrema generosidad, por si acaso.

Buenos días. Buena suerte.

juegodepalabras1@yahoo.com

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