Desde el hacinamiento hasta la sistemática violación de los derechos humanos, el Sistema de Readaptación Social en nuestro país pasa por una crisis monumental que en el fondo refleja las profundas fallas de un sistema de justicia, que hoy en pleno proceso de transición hacia los procesos orales no ha terminado de cuajar ni para la gente ni para los abogados, e incluso para los juzgadores.
Han sido años consecutivos en los que las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalan que las políticas y los recursos destinados a la reinserción social no están funcionando, hoy las cárceles se han convertido en lugares donde los reos adquieren conocimientos sobre cómo ampliar sus actividades delictivas.
Siete de cada diez cárceles de los 362 centros penitenciarios estatales y municipales, están controladas por el crimen organizado, la cifra además de ser alarmante, se complementa con el hecho de que más de la mitad, 178, tienen sobrecupo, y en cerca de 10 casos la capacidad está rebasada entre un 300 y 600%.
Si se revisa la situación de las cárceles de mujeres, el tema parece ser aún más complejo e invisible. Hablamos que la mayoría de las mujeres recluidas, lo están por delitos Contra la salud; por Robo, Secuestro o Extorsión.
El perfil de la reclusa promedio, es el de una adulta joven, casada o en unión libre –generalmente con un delincuente-, madre de tres hijos o más, con un nivel de educación básico, perteneciente a una clase social baja y cuya ocupación antes de ingresar a la cárcel era la de algún empleo pobremente remunerado. Muchas de ellas, las que tienen hijos más pequeños, viven con ellos al interior de los penales hasta que cumplen los 3 años, lo que hace de estos lugares espacios que urge sean revisados, pues no son los mejores espacios para garantizar “el interés superior” de estos infantes.
Las mujeres presas viven una realidad muy distinta a la de los hombres, mientras en las cárceles de estos últimos se presentan largas filas para las visitas, en el caso de las mujeres 8 de cada 10 no recibe visitas continuas, por lo que el sentimiento de abandono acentúa el agravio del hacinamiento.
En los penales de hombres, el clima es claramente más violento. De los más de 2 mil 110 incidentes registrados el año pasado, las riñas son las más comunes. Los motines sin embargo, cada vez se han vuelto más violentos, casos como los de Matamoros, Altamira, Topochico, “La Pila” en San Luis Potosí, o el más reciente en Guerrero con el deceso de al menos 28 internos, dan cuenta que lo único que reina en estos penales, es la anarquía y la corrupción.
El hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya determinado que los reos sujetos a proceso penal puedan solicitar la sustitución de la prisión preventiva, como lo es para el caso de quienes son detenidos por Portación Ilegal de Armas, abre un nuevo debate sobre el impacto que habrá de tener esta medida, no sólo en liberar un poco las cárceles del sobrepoblamiento que tienen, sino que pone a prueba el propio Sistema de Justicia, pues no se prevé acompañamiento alguno como sucede en otros países, donde la georreferenciación brinda certeza sobre las actividades y ubicación de los aún procesados, sobre todo cuando según la ASF 45% de los internos involucrados en actividades de reinserción social, reinciden en cometer uno o más delitos tras su liberación.
En la CdMx la implementación de esta tecnología está llevando más allá la política de reinserción. Ahora se está identificando de qué lugares provienen estos internos, a dónde regresan, qué los llevó a delinquir en primer lugar, y cuáles son las causas de que reincidan, hacen falta esos esfuerzos, para hacer que el Nuevo Sistema Penal pueda encausarse a mejores rumbos.
Diputada por Movimiento Ciudadano
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