¿Fe o certeza en el sistema de impartición de justicia? ¿Fe o certidumbre en las instituciones de procuración de justicia? ¿Fe o seguridad en el gobierno que debe garantizar el Estado de Derecho?
Esos son los dilemas que sembró el secretario de Gobernación al pedirnos tener fe en la actuación de la PGR para probar cada una de las acusaciones en contra del exgobernador Javier Duarte y lograr una sentencia condenatoria.
Tener fe significa creer en los dogmas y principios de una religión; la fe recae en lo inmaterial e implica la resignación ante un destino incierto, ¿y la Constitución? ¿y las leyes?
Es incomprensible, contradictorio y lastimoso, llamar a la fe estando frente a un juez en un juicio oral acusatorio.
Pero eso se nos pidió después de que en la audiencia inicial para comprobarle a Duarte, el de Veracruz, el desvío y lavado de centenas de millones de pesos del erario público, la PGR solo pudiera justificar ante el juez de control-el mismo que giró la orden de aprehensión- algunas decenas.
El sábado pasado se realizó la audiencia de formulación de la imputación y se vinculó a proceso al exgobernador veracruzano; la PGR tendrá seis meses para complementar la investigación y comprobar los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El pedimento de fe viene al caso para continuar con el análisis de la situación que está viviendo nuestro país a un año de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal adversarial.
Esta reforma estructural obligó al Poder Legislativo a la revisión del marco jurídico federal y local, al diseño de nuevas leyes y a la etiquetación amplia y generosa de recursos para la formación y reeducación de las y los funcionarios de procuradurías -las que debían transformarse en entes autónomos- de corporaciones policíacas y, por supuesto, del funcionariado del Poder Judicial.
La PGR representa los intereses del Estado mexicano y de la sociedad en un juicio en contra de un exgobernador que desvió recursos del erario público, recursos que debieron utilizarse para mejorar la calidad de vida de la gente, eso es lo que debe fundar: que el exgobernador se aprovechó dolosamente de su cargo y se apoderó, con sus cómplices, de centenas de millones de pesos del erario.
En el marco de las discusiones y cuestionamientos para concretar el sistema nacional anticorrupción este caso es emblemático, por lo que es imprescindible que haya una justa sanción contra quienes han violentando la ley siendo los principales responsables en respetarla y hacerla valer.
Es un asunto de justicia plena para quienes siendo gobernados carecieron de las acciones gubernamentales, como Veracruz cuyo producto interno bruto es de 1.4% anual muy por debajo de la media nacional que es del 2.8% y para desgracia de la sociedad veracruzana está entre los 10 estados más pobres del país.
Veracruz exige justicia, para todas las personas desaparecidas; por las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos; por el desastre de sus corporaciones policiacas; por la falta del Estado de Derecho al que un gobernante está obligado a concretar y garantizar.
Frente al circo en que se ha convertido este caso, solo nos faltaba que se invocara a la fe para que ilumine a los fiscales que están ante el asunto más importante de sus carreras.
Senadora por el PRD. Presidenta
de la comisión de Derechos Humanos
@angelicadelap
