El día de ayer arribó a la Ciudad de México, procedente de Guatemala, el exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, acusado de “diversos delitos presuntamente cometidos en el ejercicio público” durante su encargo al frente del Poder Ejecutivo local, como menciona un comunicado de la Procuraduría General de la República. Duarte de Ochoa es, probablemente, el personaje que de mayor forma concentra la opinión de descrédito y rechazo ciudadano hacia la clase política mexicana por su forma irresponsable de conducirse y por los excesos de corrupción cometidos a lo largo de su gestión.
Lo anterior tendría que llevarnos a la reflexión profunda y general sobre lo que como país somos y lo que como sociedad queremos. No pienso, por lo tanto, entrar en el caso específico de Javier Duarte. A fin de cuentas, la Policía guatemalteca lo arrestó hace ya varios meses y sobre él penden sendas acusaciones ministeriales que en su momento el Poder Judicial habrá de resolver. Soy un convencido del principio de “presunción de inocencia”, ese que aplica hasta a los peores pillos en tanto no se les demuestre fehacientemente su culpabilidad y que resulta lo más cercano a la convivencia entre la justicia y el derecho, conceptos que muchas veces riñen desde la óptica de los juicios sociales.
Mi preocupación es lo evidente y que desde la lógica política y social no requiere mayor prueba por su notoriedad. En México, la sociedad cada vez cree menos en sus políticos, gobernantes, burócratas y cualquier otro que tenga participación en la toma o ejecución de decisiones públicas y cuyo salario se pague con recursos públicos. Lo público, a los ojos de buena parte de la sociedad, está podrido por una lacerante corrupción que se ha instalado en todos los niveles y ha alcanzado a prácticamente todas las estructuras políticas, sociales y económicas del país. Como la humedad, la corrupción se infiltró en todo nuestro sistema y hoy es difícil pensar en un México en el que la honestidad sea la premisa de cualquier relación humana.
Sin lugar a dudas, los niveles que la tranza y el arreglo en lo oscurito han alcanzado provocaron la crisis de confianza y credibilidad en la esfera pública en la que hoy nos encontramos. ¿Cómo creer en el gobierno y sus instituciones cuando vemos casos dramáticos como los de exgobernadores cuyos ranchos cuentan con caballerizas con calefacción o que adquirieron terrenos en la costa del Caribe a precios irrisorios? ¿Cómo confiar en políticos que nos hablan de honestidad cuando en su entorno abundan personajes manchados por actos de corrupción comprobados y hasta reconocidos?
En menos de un año habremos de definir quién nos gobernará por los próximos años. Más allá del nombre de la persona que habrá de ocupar la Presidencia, como sociedad conviene preguntarnos en qué punto del camino perdimos la brújula que nos permitía conducirnos con apego a valores como la honestidad, la verdad, la responsabilidad, el decoro, la decencia, el patriotismo o la solidaridad. No concibo que hayamos permitido llegar a los niveles de corrupción en los que hoy estamos. No concibo que pronto podamos volverlo a permitir.
joaquin.narro@gmail.com
@JoaquinNarro
