Cuando me enteré sobre una escandalosa desviación, imputada al gobierno federal,de siete mil millones de pesos a través de maniobras efectuadas por medio de universidades públicas a las que se favorecía con contratos sin licitación, no pude menos que sentir indignación. No obstante, me generó inquietud su repetición constante en diversos medios con formato idéntico, producido con técnicas propias, no de un reportaje, sino de un mensaje publicitario dotado incluso del sugerente título: La Estafa Maestra dirigido a suscitar una reacción emotiva, en lugar de proporcionar datos informativos al auditorio. Algo de “goebbelsianismo” oculto hacía presentir elementos que no cuadraban.
Buscando datos, encontré un excelente artículo de Jaime Guerrero Vázquez bajo el título La Gran Estafa de la Gran Estafa en http://www.ruizhealytimes.com/opinion-y-analisis/la-gran-estafa-de-la-gran-estafa que me ayudó a atar algunos cabos, porque muestra la existencia de una campaña contra el gobierno sin la sustentación periodísticamente sólida de una auténtica noticia.
El combate a la corrupción exige una actitud honesta pero en él se observan inconsistencias y hasta hipocresías, como esa especie de tranquilizamiento de conciencia mediante la elevación de las penas hasta grados absurdos sin atender a su eficaz aplicación, también la ceguera autoimpuesta para negar la existencia de factores culturales, sin cuyo reconocimiento las medidas para contenerla perderán efectividad, la resistencia a incluir prácticas truculentas ajenas al sector público, como cargar a las cuentas de las empresas privadas gastos que son de sus propietarios o accionistas y significan desvío de recursos públicos por la vía de descontar de los impuestos esos gastos, lo cual defrauda también a los trabajadores al disminuir las utilidades repartibles, o la mezquindad política de suponer que la sola militancia partidista priva de la honestidad a quien la ejerce, a sabiendas de que existen personas en todos los partidos que pueden desempeñar una función de administración de justicia con plena capacidad e imparcialidad.
La lucha contra la corrupción puede enarbolarse legítimamente como bandera política, pero resulta preocupante la distorsión del periodismo para presentar de manera aviesa los resultados de una investigación, como un instrumento más de la guerra sucia en la liza electoral. La acusación en bloque al gobierno federal es ambigua, basada en información divulgada hace varios años por el propio gobierno.
Las imágenes de los titulares de dependencias públicas, como Rosario Robles, en condición de responsables, sin ofrecer datos concretos de su presunta responsabilidad, es una maniobra impropia de un trabajo serio, cuando para serlo sería necesario que sus resultados condujeran a saber quiénes participaron en la creación de las empresas fantasma que supuestamente recibieron recursos de las universidades y, sobre todo, quiénes se enriquecieron indebidamente con los dineros hipotéticamente escamoteados.
Busqué en la documentación adjuntada por los investigadores relativa a los funcionarios y no encontré ninguna evidencia al respecto. Este dato es crucial para poder concretar acusaciones que no se queden en meros mensajes mediáticos, tendientes a alentar el desprestigio del gobierno.
No pretendo negar probables actos de corrupción, que se define como “vicio o abuso introducido en las cosas no materiales”, solo mostrar vicios o abusos de la honorable profesión periodística.
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