En el análisis de las variables que determinan el financiamiento del crecimiento de una economía destacan la política fiscal y la política del sector externo, identificando en la primera la política tributaria y en la segunda, principalmente, la inversión extranjera directa.
En términos teóricos se deben considerar los ingresos generados por las exportaciones; sin embargo, para el caso de la economía mexicana eso no es aplicable debido a que para exportar en forma previa se tiene que importar, y el contenido de esto incluye tecnología y materias primas.
En consecuencia, la parte fundamental queda en el ámbito de la Política Fiscal, donde en el lado de las ingresos el análisis comprende el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS).
En todo caso, un aspecto fundamental en el financiamiento del crecimiento es que la forma adecuada de llevarlo a la práctica es la vía fiscal.
En este sentido, es relevante destacar el rezago de la economía mexicana; un ejemplo es que la denominada Carga Fiscal, identificada como el monto de los impuestos como proporción del PIB, es extremadamente baja en términos comparativos respecto de países del continente con niveles similares de desarrollo, como por ejemplo Brasil, Argentina, Chile, cuya carga fiscal promedio es del orden de 22 por ciento, mientras que la de México es 10.5 por ciento, similar a la registrada en países como Guatemala.
Sin duda, se requieren esfuerzos importantes cuyo propósito central sea aumentar la base de contribuyentes y no el incremento de la tasa de impuestos. Incrementar la base de contribuyentes requiere de una participación más activa de autoridades estatales y municipales, los entes más cercanos a los contribuyentes, pues saben quiénes son, dónde están, a qué se dedican.
En este sentido se requiere de una minuciosa revisión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), que realice de fondo el tema de las potestades tributarias, de los incentivos y que se realicen las adecuaciones necesarias.
Un factor esencial que requiere instrumentarse es un combate formal y eficaz a la evasión y a la elusión fiscal. Se estima que la evasión significa es el equivalente a 3 puntos del PIB, y si a ello sumamos una mayor eficacia en cuanto base de contribuyentes, la recaudación podría incrementarse en otros dos o tres puntos del PIB, así la carga fiscal del país se ubicaría en alrededor de 17 por ciento del PIB.
Los efectos serían extraordinarios porque en forma adicional a una disposición de recursos sin precedentes se podría hacer frente a las principales variables estratégicas en materia económica, particularmente en términos de calidad, que daría al país y a su población el nivel que le corresponde.
Por otra parte, el principal problema que enfrentan las finanzas estatales es la relacionada con su deuda pública, cuyo monto ascendió al primer semestre de este año a 509 mil millones de pesos, cantidad que significa un crecimiento de 4.8 veces con respecto a 2000. En términos de monto, la entidad federativa más endeudada es el Distrito Federal, con 64 mil 793 millones de pesos, seguida de Nuevo León con 62 mil 010, Chihuahua 41 mil 991, Veracruz 41 mil 661 y Coahuila 36 mil 926 millones de pesos.
Ahora en términos per cápita las cinco entidades con menores montos con cifras también al 15 de junio de este año son: Querétaro con 851 pesos, seguida de Guerrero con 857, Yucatán mil 183, Guanajuato mil 331 y Puebla mil 448 pesos.
Sobre la problemática que enfrentan las entidades federativas en cuanto a la crisis de su deuda, es conveniente señalar que lo que éstas requieren son propuestas factibles de implementar y no regaños sin sentido como se ha empeñado en realizar el Gobierno federal. *estudioshacendarios.clm@hotmail.com
