/ martes 13 de junio de 2017

La voz de la IP

Más allá de la 3 de 3

Las elecciones locales del pasado 4 de junio, en muchos sentidos estarán siendo determinantes para el proceso electoral federal que está por iniciar y que concluirá con la elección del Presidente de la República y el Congreso de la Unión en 2018. Esta consideración es postulada por la mayoría de los actores y analistas políticos. Lo que poco se ha reflexionado hasta ahora, es una de las variables que sin duda marcarán ese proceso: la exigencia ciudadana por obtener de los futuros candidatos a esas posiciones, un compromiso amplio, inequívoco y preciso en materia de integridad, es decir, de apartarse de prácticas de opacidad y corrupción en el quehacer público.

La ruta por lograr una mayor integridad, inició cuando en el marco de la elección federal de 2015, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lanzó una iniciativa para invitar a los entonces candidatos a los puestos de elección popular, diputados federales y senadores, que publicasen sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de intereses. Aunque fueron pocos los candidatos que se adhirieron a esa iniciativa y dada la empatía social que generó la llamada propuesta “3de3”, esa dinámica generó un cambio paradigmático en los estándares de exigencia social ligada a la integridad y la transparencia.

Una nueva evolución de la idea, se experimentó en torno a la iniciativa ciudadana que con el apoyo de más de 634 ciudadanos, fue presentada en el Senado de la República el 3 de Febrero de 2016, para promover una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Ley 3de3), proceso que se dio en un fuerte activismo cívico, ligado a la conformación de las siete leyes básicas del Sistema Nacional Anticorrupción y que culminó después de muchas batallas, con la promulgación de las mismas el 18 de Julio de 2016.

La conciencia social que se gestó en torno a estas propuestas, han sido el catalizador para que un número creciente, aunque todavía minoritario de servidores públicos, especialmente en el ámbito de los estados, incluyendo a Gobernadores y sus equipos inmediatos, hayan decidido allanarse a esta demanda ciudadana y publicasen voluntariamente sus tres declaraciones.

La tercera ola de esta exigencia social en torno a la integridad y la transparencia, creció apenas el pasado 11 de Mayo de 2017, con la iniciativa de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Transparencia Mexicana (TM) y el propio Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y se denominó “11 Compromisos de Política Pública para Enfrentar la Corrupción”.

Se trata de un conjunto innovador de compromisos verificables, que los candidatos a Gobernador en las elecciones del 4 de junio, debían asumir sin reservas, comprometiéndose a ejecutar las acciones derivadas de ellos, en caso de resultar electos.

Los 11 Compromisos, implican asumir un conjunto de acciones en materia de transparencia proactiva, como lo son: publicidad de auditorías, contrataciones, pasivos y deuda, así como digitalización y sistematización de procesos de compra. También implican un reordenamiento de la legislación y prácticas asociadas a la obra pública, las adquisiciones y las compras recurrentes de alto volumen, como los medicamentos. Del mismo modo, un control eficaz de gasto altamente expuesto a fenómenos de corrupción, a través de un padrón único de beneficiarios de programas sociales y una agresiva reducción al manejo de efectivo en el gasto público. Todo ello, complementado con la obligación de impulsar leyes e instituciones con altos estándares, para contar con un Sistema Local Anticorrupción. Y desde luego, la obligación de presentar, Gobernador y todo su gabinete, las declaraciones 3de3.

Además de la profundidad de las propuestas, destaca que en tan solo 20 días que trascurrieron entre el 11 y el 31 de Mayo, fechas del lanzamiento de la iniciativa y de conclusión del periodo de recepción de compromisos, 19 de los 21 candidatos a gobernador, en los estados de Coahuila, de México y Nayarit, hayan decidido suscribir los 11 compromisos. Ello incluyó al 100% de los candidatos de las principales fuerzas políticas del país, como los son el PAN, PRI, PRD y Morena.

Este fenómeno, sin duda establecerá un antes y un después en las elecciones en México. No cabe duda que la integridad, para decir en sentido positivo el rechazo a la corrupción, será uno de los grandes temas de la elección federal de 2018. Y es un hecho, que los candidatos a la Presidencia de la República tendrán frente así, tan pronto como se registren, un desafió público para manifestarte conceptualmente, pero sobre todo, comprometer acción en contra de la corrupción.

Después de los 11 Compromisos contra la Corrupción, la sociedad mexicana no aceptará nada menor a ello, por parte de quienes pretendan gobernarnos desde la Presidencia de la República.

Más allá de la 3 de 3

Las elecciones locales del pasado 4 de junio, en muchos sentidos estarán siendo determinantes para el proceso electoral federal que está por iniciar y que concluirá con la elección del Presidente de la República y el Congreso de la Unión en 2018. Esta consideración es postulada por la mayoría de los actores y analistas políticos. Lo que poco se ha reflexionado hasta ahora, es una de las variables que sin duda marcarán ese proceso: la exigencia ciudadana por obtener de los futuros candidatos a esas posiciones, un compromiso amplio, inequívoco y preciso en materia de integridad, es decir, de apartarse de prácticas de opacidad y corrupción en el quehacer público.

La ruta por lograr una mayor integridad, inició cuando en el marco de la elección federal de 2015, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lanzó una iniciativa para invitar a los entonces candidatos a los puestos de elección popular, diputados federales y senadores, que publicasen sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de intereses. Aunque fueron pocos los candidatos que se adhirieron a esa iniciativa y dada la empatía social que generó la llamada propuesta “3de3”, esa dinámica generó un cambio paradigmático en los estándares de exigencia social ligada a la integridad y la transparencia.

Una nueva evolución de la idea, se experimentó en torno a la iniciativa ciudadana que con el apoyo de más de 634 ciudadanos, fue presentada en el Senado de la República el 3 de Febrero de 2016, para promover una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Ley 3de3), proceso que se dio en un fuerte activismo cívico, ligado a la conformación de las siete leyes básicas del Sistema Nacional Anticorrupción y que culminó después de muchas batallas, con la promulgación de las mismas el 18 de Julio de 2016.

La conciencia social que se gestó en torno a estas propuestas, han sido el catalizador para que un número creciente, aunque todavía minoritario de servidores públicos, especialmente en el ámbito de los estados, incluyendo a Gobernadores y sus equipos inmediatos, hayan decidido allanarse a esta demanda ciudadana y publicasen voluntariamente sus tres declaraciones.

La tercera ola de esta exigencia social en torno a la integridad y la transparencia, creció apenas el pasado 11 de Mayo de 2017, con la iniciativa de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Transparencia Mexicana (TM) y el propio Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y se denominó “11 Compromisos de Política Pública para Enfrentar la Corrupción”.

Se trata de un conjunto innovador de compromisos verificables, que los candidatos a Gobernador en las elecciones del 4 de junio, debían asumir sin reservas, comprometiéndose a ejecutar las acciones derivadas de ellos, en caso de resultar electos.

Los 11 Compromisos, implican asumir un conjunto de acciones en materia de transparencia proactiva, como lo son: publicidad de auditorías, contrataciones, pasivos y deuda, así como digitalización y sistematización de procesos de compra. También implican un reordenamiento de la legislación y prácticas asociadas a la obra pública, las adquisiciones y las compras recurrentes de alto volumen, como los medicamentos. Del mismo modo, un control eficaz de gasto altamente expuesto a fenómenos de corrupción, a través de un padrón único de beneficiarios de programas sociales y una agresiva reducción al manejo de efectivo en el gasto público. Todo ello, complementado con la obligación de impulsar leyes e instituciones con altos estándares, para contar con un Sistema Local Anticorrupción. Y desde luego, la obligación de presentar, Gobernador y todo su gabinete, las declaraciones 3de3.

Además de la profundidad de las propuestas, destaca que en tan solo 20 días que trascurrieron entre el 11 y el 31 de Mayo, fechas del lanzamiento de la iniciativa y de conclusión del periodo de recepción de compromisos, 19 de los 21 candidatos a gobernador, en los estados de Coahuila, de México y Nayarit, hayan decidido suscribir los 11 compromisos. Ello incluyó al 100% de los candidatos de las principales fuerzas políticas del país, como los son el PAN, PRI, PRD y Morena.

Este fenómeno, sin duda establecerá un antes y un después en las elecciones en México. No cabe duda que la integridad, para decir en sentido positivo el rechazo a la corrupción, será uno de los grandes temas de la elección federal de 2018. Y es un hecho, que los candidatos a la Presidencia de la República tendrán frente así, tan pronto como se registren, un desafió público para manifestarte conceptualmente, pero sobre todo, comprometer acción en contra de la corrupción.

Después de los 11 Compromisos contra la Corrupción, la sociedad mexicana no aceptará nada menor a ello, por parte de quienes pretendan gobernarnos desde la Presidencia de la República.

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