PARÍS, Francia.- La vida política norteamericana cambió radicalmente después del fallo Citizen United dictado por la Corte Suprema en 2010, y de otra decisión complementaria adoptada por una corte de apelaciones pocos meses después. Fue una victoria histórica para la ONG del mismo nombre, dedicada a defender la causa conservadora.
El dictamen judicial dice, en síntesis, que -conforme a las garantías a la libertad de expresión que acuerda la Primera Enmienda-, el Gobierno federal no puede impedir que una empresa o una asociación destine las cantidades de dinero que desee en una campaña electoral.
Ese fallo suprimió de facto el límite impuesto por Theodore Roosevelt en 1907 a los aportes financieros de las empresas en las campañas electorales. Esa regulación había sido completada en 1974, después del escándalo de Watergate, cuando se reveló que Richard Nixon había vendido puestos de embajador a cambio de donaciones para su campaña. Una tercera disposición, la llamada ley McCaine-Feingold, prohibió a las empresas, grupos de presión y sindicatos realizar contribuciones directas a los candidatos.
Reservado
El dinero siempre ejerció una influencia determinante en la lucha por el poder.
Algunos defensores de la igualdad de posibilidades para todos los candidatos, como Nomi Prins -autora de Los banqueros de los presidentes: las alianzas que manejan Estados Unidos-, recuerdan que desde Franklin D. Roosevelt a John F. Kennedy muchos candidatos fueron millonarios, pero sus fortunas eran insignificantes en comparación con los patrimonios de los actuales candidatos.
Aun así dependieron de las contribuciones públicas y secretas de contribuyentes interesadas en obtener concesiones. Richard Nixon y Ronald Reagan no eran potentados y finalmente terminaron enredados en una trama de compromisos más que peligrosos.
El dinero jamás fluyó a favor de los candidatos insumisos, como Jimmy Carter. “En 1976, yo no tuve dinero para hacer campaña”, declaró hace poco ante la BBC.
"Si los ricos financian las campañas, cuando los candidatos consigan entrar en la Casa Blanca harán lo que los ricos quieren. Y eso implica permitir que la gente rica se haga aun más rica y dejar a la clase media desamparada”, agregó. “La financiación de las campañas con parte de los millonarios es un soborno legal”, concluyó.
Reservado para una minoría
Las barreras de prudencia empezaron a ceder en 1992 y 1996 con las candidaturas independientes de los millonarios Ross Perot y de Steve Forbes.
Ese fenómeno puso en marcha incluso una dinámica que se extendió al resto del planeta.
Quienes postulan que una democracia moderna puede ser administrada como una empresa son “populistas stricto sensu: pretenden hacernos creer, porque les conviene, que existen soluciones muy simples para problemas muy complejos”, sostiene el politólogo Jeffrey A. Winters en su libro Oligarchy.
Winsters es uno de los pocos cientistas políticos que decidió considerar la riqueza excesiva como “principal fuente de poder reservada a una minoría”.
¿Rehén de los opulentos?
La creencia de que un millonario es el político perfecto porque con tanto dinero no robará ni se convertirá en corrupto es también un argumento frágil.
Es evidente que más de un magnate buscó el poder para aumentar y proteger su fortuna. El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi “utilizó los recursos de su imperio financiero para llegar a ser primer ministro y luego abusó de su poder político para defender y aumentar su fortuna, y tratar de blindarse frente a la justicia por los delitos que había cometido como empresario y como gobernante”, resumió Winters.
La generalización del fenómeno actual obliga a preguntarse si en el siglo XXI el poder no será un dominio exclusivamente reservado a los millonarios.
Aunque ese tema -crucial y apasionante- recién empieza a ser estudiado por los investigadores, algunos expertos temen que, al ritmo actual, la democracia se convierta en rehén de los opulentos y pueda colocar en peligro el equilibrio social de las sociedades.
Concluye mañana
