El capítulo México del caso Odebrecht, el mayor escándalo global de corrupción de los últimos tiempos, tendrá que salir a la luz, no obstante las muchas triquiñuelas para postergarlo desde diciembre de 2016, en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la investigación sobre la descomunal red de sobornos de la empresa Oderbrecht en 12 países, entre los cuales figura México.
En su acuerdo, reconociendo su culpabilidad ante la justicia estadounidense, Odebrecht señala que los sobornos eran pagados a altos funcionarios de los gobiernos para asegurar su ventaja en la obtención de contratos gubernamentales para la construcción de obras públicas de gran calado. Los pagos iban de una cuenta fraudulenta a otra; a veces pasaban hasta por cuatro cuentas bancarias fantasmas antes de llegar al destino final: el bolsillo de los funcionarios y políticos. Como resultado de esa corrupción Odebrecht obtuvo beneficios por más de mil 400 millones de dólares.
En México, la corrupción del gigante brasileño Odebrecht tuvo como intermediario a Luis Inazio Lula da Silva, el expresidente brasileño (hoy en la cárcel) quien recibía de dicha empresa favores y fuertes compensaciones económicas y materiales. Lula fue quien les abrió la puerta, consiguiéndoles citas al más alto nivel en el gobierno del presidente Peña Nieto. Entre 2010 y 2014, Odebrecht habría estado vinculada a pagos por valor de 10.5 millones de dólares, para ganar contratos de obras públicas mexicanas que le habrían generado beneficios por más de 39 millones de dólares.
Hoy ya es público que en 2012 habría habido un pago de Odebrecht a gente cercana a la campaña de Peña Nieto, y que en 2013 habría otro pago a un alto funcionario de la paraestatal Pemex. De ahí que en 2014, Odebrecht ganara la licitación de Pemex, a través de su filial Tag Pipelines, para construir el tramo II del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, que recorre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El contrato fue de 935 millones de dólares, y el pago del soborno de 10.5 millones de dólares.
Un año antes, en 2011 Odebrecht obtuvo un contrato para la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, el complejo más grande de su tipo en América Latina, y contó con todo el apoyo de los gobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte. Esa obra dio fuertes ganancias a los brasileños y muchos beneficios indirectos a Duarte y su círculo cercano, que poco antes compraron terrenos a bajo costo en la zona del complejo, cuya plusvalía de inmediato se disparó.
Un tercer caso, que igualmente apunta hacia un alto directivo de Pemex, es la construcción de la refinería de Tula, licitación ganada en 2015 por Odebrech, actualmente en ejecución.
Como resultado de la investigación de la justicia estadounidense, la empresa Odebrecht tuvo que pagar una multa de tres mil 500 millones de dólares –la más alta en la historia de Estados Unidos–, por haber utilizado el sistema de pagos de esa nación para sus operaciones ilegales.
Las autoridades estadounidenses, en coordinación con las suizas y las brasileñas, ya hicieron parte de su trabajo. En México seguimos en déficit.
El pasado febrero, el abogado de la Nación Raúl Cervantes, firmó un acuerdo para investigar el caso Odebrecht junto con los procuradores y fiscales generales de los otros países involucrados. Aún no se ha señalado a ningún implicado.
Cada día que pasa, la presión crece. Rumbo al 2018, Oderbrech-México impactará para mal, al partido en el gobierno.
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