/ domingo 21 de agosto de 2016

Punto de rocío: cuando se satura el aire | Numerados

1.-El terrorismo humanitario parece rendir frutos solamente al funcionario federal, que se ve más obcecado en propagar incendios que empeñado en hacer prevalecer el respeto y la temperancia entre una sociedad cada vez más agraviada, vulnerable y asustada. Al rendir su informe relativo al enfrentamiento entre delincuentes de alta peligrosidad y aplastantemente armados, y fuerzas del orden en una localidad de Michoacán en mayo de 2015, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se arrogó el papel de árbitro divino y arremetió contra la Policía Federal en unos términos de descrédito, menosprecio y humillación que dicen muy poco de la seriedad y sensatez que obliga a una persona de su talante.

2.- En conferencia convocada para exponer las líneas de su informe de 31 tomos y 11 mil 300 fojas, el doctor González Pérez no incluyó presunción, supuesto o sospecha alguna hacia los policías federales –como se acostumbra en esta época de tanta cortesía hacia los infractores de la ley-: emitió sentencia inapelable. Sigilosamente los agentes entraron a despertar a los inocentes; asesinaron arbitrariamente a 22 que solo tenían para su pobre defensa lanzacohetes y metralletas de guerra. Actuaron con abuso de la fuerza, dijo, porque en la batalla ejecutaron a 42 y únicamente murió un Policía Federal (no dijo cuántas bajas de policías harían el empate).

3.- Si es narcotráfico o sedición, el trato a la fuerza pública es el mismo; primero se acusa y condena a los policías, soldados o marinos, se les pone en entredicho y se les sentencia al escarnio público, y luego se averigua si entre los inocentes victimados arbitrariamente había pandillas de sicarios perfectamente organizados y capacitados para provocar en su chantaje a las Fuerzas Armadas con el único objeto de presionar al Gobierno para desestabilizar al Estado por la vía de la subversión, en un esquema de coerción y adoctrinamiento que aquí ya se ha abordado.

4.- No ha faltado el protagonismo del Defensor del Pueblo (así se le llama en varios países) a la hora de tutelar y promover los derechos humanos de los transgresores de la ley; recordar cuando a los señores de la CNTE se les coarta su derecho al libre tránsito, la muy rara vez que se les impide cerrar todo el Paseo de la Reforma, o las ocasiones en que se pitorrean del resto de la población clausurando Estados de la República, sus líderes encarcelados contra su voluntad y luego puestos en la calle para no conculcar sus derechos humanos y franquearles el paso a perturbar la vida y la tranquilidad de los demás. Y resulta que el ombudsman y los disidentes de la CNTE y sus intocables líderes tienen un patrón común: todos cobran del erario.

5.- Y el Defensor del Pueblo hace uso excesivo de su poder en contra de las fuerzas del orden porque, si actuara con equidad, ya habría denunciado ante la PGR e inculpado con la misma furia que a los policías, a los miles de servidores públicos que tienen paralizados Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Salvo que él distinga alguna diferencia, policías, soldados, marinos y maestros son empleados del Estado igual que él, y los antisociales que chantajean al Gobierno y cercenan los derechos humanos del resto de nosotros no le merecen siquiera un comentario. Será que tiene distintas clasificaciones para la impartición de sus condenas.

6.- Recomiéndese, entre sus 31 tomos de informe, y en sus acalorados desplantes al doctor González obsequiar alguna idea, si es que la tiene, de la unidad nacional, la salvaguarda del orden público, así como sobre el bien y la prosperidad de la unión que protestó guardar y hacer guardar. camilo@kawage.com

1.-El terrorismo humanitario parece rendir frutos solamente al funcionario federal, que se ve más obcecado en propagar incendios que empeñado en hacer prevalecer el respeto y la temperancia entre una sociedad cada vez más agraviada, vulnerable y asustada. Al rendir su informe relativo al enfrentamiento entre delincuentes de alta peligrosidad y aplastantemente armados, y fuerzas del orden en una localidad de Michoacán en mayo de 2015, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se arrogó el papel de árbitro divino y arremetió contra la Policía Federal en unos términos de descrédito, menosprecio y humillación que dicen muy poco de la seriedad y sensatez que obliga a una persona de su talante.

2.- En conferencia convocada para exponer las líneas de su informe de 31 tomos y 11 mil 300 fojas, el doctor González Pérez no incluyó presunción, supuesto o sospecha alguna hacia los policías federales –como se acostumbra en esta época de tanta cortesía hacia los infractores de la ley-: emitió sentencia inapelable. Sigilosamente los agentes entraron a despertar a los inocentes; asesinaron arbitrariamente a 22 que solo tenían para su pobre defensa lanzacohetes y metralletas de guerra. Actuaron con abuso de la fuerza, dijo, porque en la batalla ejecutaron a 42 y únicamente murió un Policía Federal (no dijo cuántas bajas de policías harían el empate).

3.- Si es narcotráfico o sedición, el trato a la fuerza pública es el mismo; primero se acusa y condena a los policías, soldados o marinos, se les pone en entredicho y se les sentencia al escarnio público, y luego se averigua si entre los inocentes victimados arbitrariamente había pandillas de sicarios perfectamente organizados y capacitados para provocar en su chantaje a las Fuerzas Armadas con el único objeto de presionar al Gobierno para desestabilizar al Estado por la vía de la subversión, en un esquema de coerción y adoctrinamiento que aquí ya se ha abordado.

4.- No ha faltado el protagonismo del Defensor del Pueblo (así se le llama en varios países) a la hora de tutelar y promover los derechos humanos de los transgresores de la ley; recordar cuando a los señores de la CNTE se les coarta su derecho al libre tránsito, la muy rara vez que se les impide cerrar todo el Paseo de la Reforma, o las ocasiones en que se pitorrean del resto de la población clausurando Estados de la República, sus líderes encarcelados contra su voluntad y luego puestos en la calle para no conculcar sus derechos humanos y franquearles el paso a perturbar la vida y la tranquilidad de los demás. Y resulta que el ombudsman y los disidentes de la CNTE y sus intocables líderes tienen un patrón común: todos cobran del erario.

5.- Y el Defensor del Pueblo hace uso excesivo de su poder en contra de las fuerzas del orden porque, si actuara con equidad, ya habría denunciado ante la PGR e inculpado con la misma furia que a los policías, a los miles de servidores públicos que tienen paralizados Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Salvo que él distinga alguna diferencia, policías, soldados, marinos y maestros son empleados del Estado igual que él, y los antisociales que chantajean al Gobierno y cercenan los derechos humanos del resto de nosotros no le merecen siquiera un comentario. Será que tiene distintas clasificaciones para la impartición de sus condenas.

6.- Recomiéndese, entre sus 31 tomos de informe, y en sus acalorados desplantes al doctor González obsequiar alguna idea, si es que la tiene, de la unidad nacional, la salvaguarda del orden público, así como sobre el bien y la prosperidad de la unión que protestó guardar y hacer guardar. camilo@kawage.com

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