Los recientes comicios en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, en los cuales se eligieron nuevos gobernadores, a excepción de la última entidad, donde solo hubo renovación de presidentes municipales, aún no concluyen los procesos electorales.
Actualmente se verifican los conteos distritales y resta el cómputo final de votos, para estar en condiciones de expedir constancias de mayoría a los candidatos ganadores, mismas que pueden y seguramente serán impugnadas por las vías jurisdiccionales electorales aplicables.
Es decir, al corto plazo veremos el consabido proceso de judaización de los procesos electorales, que inicia desde que los partidos y los candidatos presentan denuncias sin ton ni son, y muchas veces únicamente para tomarse la foto, desnaturalizándola para utilizarla como herramienta de propaganda y difusión.
Es también posible que agotando esta vía, los inconformes con los resultados recurran a mecanismos de presión social y pese a los anuncios previos de evitar medidas de confrontación y enfrentamiento con las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, se busque crear condiciones de ingobernabilidad para desacreditar los resultados finales a que arriben de las instituciones electorales.
Esta ruta ha sido la constante desde hace ya varias décadas y tendría que tener presente que hace 40 años se hizo una reforma para oxigenar el sistema político creado por el Cardenismo que organizó corporativamente a los campesinos, trabajadores, profesionistas y empresarios, bajo la férula de un presidencialismo fuerte, dotado de poderes meta constitucionales que burlaba los propios mecanismos de control constitucional entre los poderes.
Posteriormente, se han venido realizando modificaciones y cambios al sistema que lo han ido aperturando a una mayor participación social, como en su momento fue la ciudadanización del órgano electoral para que fuese un órgano constitucional autónomo el que organizara las elecciones y contara los votos. Hoy desafortunadamente la idea original se pervirtió y su integración responde a cuotas partidistas, y peor, aun con las últimas reformas creamos un auténtico “Quasimodo” jurídico que vulnera el pacto federal.
Las reformas por las que se instituyeron los gobiernos de coalición constituyen una respuesta mexicana a las insistentes propuestas de los intelectuales y opinologos que insisten reiteradamente en copiar extra lógicamente practicas extranjeras. La instauración de la reelección de diputados y senadores es una concesión a esa presión y está por verse, si funcionan o se pervierte este mecanismo de carrera parlamentaria que ha funcionado en otras latitudes pero también crearon costumbres reprochables.
El caso es que otra vez no concluye el proceso y ya se alzan las voces que exigen nuevas reformas a la legislación electoral. Que seguimos siendo incapaces pese al enorme gasto público autorizado a nuestros órganos electorales de anunciar resultados confiables, creíbles y rápidos; lo que alienta la especulación, la demagogia y el engaño de algunos líderes para con sus seguidores.
* Ninguna ley es totalmente satisfactoria.
