La principal y más señalada causa social, producto de la demanda o exigencia de la ciudadanía mexicana, es el modelo anticorrupción (leyes-reglamentos, instituciones y sistema), el cual se vincula transversalmente con el conjunto de Reformas estructurales recientemente aprobadas por el Congreso de Unión.
La clave del éxito en el impulso reformista se deriva de dos directrices fundamentales: 1) su instrumentación, y 2) sus controles. Por ello, pensar en el derecho a una educación de calidad, en la consolidación del futuro energético del país, en ampliar los esquemas de modernización de las comunicaciones, en democratizar aún más los procesos políticos y en hacer socialmente responsable a la administración hacendaria, implican el cómo llevarlos a cabo y aplicarlos, pero sobre todo, lograr vencer en definitiva la carga moral, ética, económica y delincuencial derivada de la corrupción.
El progreso económico de la nación requiere convertirse en una multiplicidad de beneficios sociales, esto es hacer sustentable y permanente la línea del desarrollo, para generar una estrategia cultural y comportamiento con la capacidad de renovar actitudes públicas y privadas en favor del combate a la corrupción.
La creación de la Comisión Nacional Anticorrupción logró una extraordinaria relevancia ante la ciudadanía, porque en ella se asientan el buen desempeño de las reformas Hacendaria, Energética, Electoral, Comunicaciones y el tratamiento a las deudas estatales y municipales, todas ellas fundamentales en la transformación estructural del país.
Recordemos como el Pacto por México señaló la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, estableciendo una Comisión Nacional y Comisiones Estatales, con especial énfasis en Pemex y CFE y preveía la creación del Consejo Nacional para la Ética Pública.
De igual modo, es importante recordar como el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el cual se reestructuraba la Administración Pública Federal (APF), señalaba la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), lo cual sucedería cuando entrara en vigor y en funciones el Órgano Constitucional Autónomo. Todo ahora superado por el Nuevo Modelo Estratégico 2016-2018 de la SFP.
Por ello, es el momento de llevar a cabo la implementación de los cambios legales y reglamentarios para la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, los cuales otorguen certeza a la ciudadanía sobre los controles necesarios para el correcto funcionamiento de la APF, aprovechando la estructura financiera y de plazas de la SFP, así como su experiencia, pero ahora desde las fortalezas de una institución con estructura y funciones acordes a los retos de la transformación del país.
La rendición de cuentas al final del sexenio, se llevará a cabo desde un modelo diferente, vigoroso y certero de vigilancia y control, con la capacidad de redirigir desviaciones en las políticas públicas y los programas gubernamentales, generar la confianza social y promover la colaboración ciudadana a partir de su propia participación, donde la lucha contra la corrupción sea integral y profunda.
Una nación madura, incluyente y confiable, requiere de instituciones sólidas, independientes y capaces de hacer realidad las aspiraciones ciudadanas. México está listo y preparado para dar ese paso definitivo. hectorluna@cablevision.net.mx
