Asemanas de entrar en la recta final para que el ministro Juan N. Silva Meza y la ministra Olga Sánchez Cordero culminen con sus encargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgen interrogantes sobre los personajes que los sustituirán en el máximo tribunal de justicia del país. La ocasión, es una de las más esperadas para exigir desde muy diversos espacios la presencia de más mujeres en la cumbre de la SCJN, y para poner en la mesa nuevamente -como lo he hecho recientemente- la necesidad de que la paridad permee los tres niveles de gobierno, y los tres Poderes de la nación.
El caso del Poder Judicial, y en específico de la impartición de la justicia en México es singular. A pesar de que la presencia de mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación data de 1961, cuando fue nombrada María Cristina Salmorán de Tamayo como la primera mujer ministra -siendo en aquel entonces la primera en integrar una instancia del tipo a nivel mundial-, y de contar con una mayoría de mujeres laborando en dicha institución, solo 5 por ciento de éstas han logrado a acceder a puestos como juezas, magistradas o ministras, lo que deja al 95 por ciento de ellas solo la posibilidad de desempeñarse como secretarias en juzgados, o en puestos administrativos sin opciones de desarrollo.
El caso más emblemático ha sido sin duda el del Consejo de la Judicatura, pues hace apenas un año fueron dos mujeres designadas como consejeras, ya que antes solo estaba integrada por hombres.
La Recomendación General No. 22 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, estipula que la administración de justicia no solo es un servicio público que el Estado debe proporcionar a hombres y mujeres según sus necesidades, sino que debe también ser un servicio público integrado por hombres y mujeres.
La tendencia regional parece concordar con dicha aseveración. Datos de CEPAL revelan que al menos en la mitad de los países de América Latina la presencia de mujeres en los máximos tribunales de justicia supera el promedio regional de 22.6 por ciento, siendo casos como los de Panamá con más del 60 por ciento de sus jueces mujeres, claros ejemplos del grado de involucramiento y participación de las mujeres en estos espacios.
En repetidas ocasiones, se ha señalado que la mujer está especialmente dotada para cualquier actividad jurídica dada su “supuesta” natural capacidad emocional, lo que le da una percepción privilegiada de lo justo. Y aunque esto refuerza la idea de que las mujeres deben ser protagonistas en la impartición de la justicia, no podemos olvidar, que la visión parte de uno de los estereotipos más comunes, que muchas veces ha jugado en contra de nosotras para otros espacios.
La labor de la ministra Sánchez Cordero ha destacado en diversos ámbitos, con eco en todo el mundo. Sus decisiones controvertidas para muchos, han jugado un papel fundamental y crucial en ver e impartir la justicia con perspectiva de género, ha sido la voz de muchas causas olvidadas por sus colegas hombres. Siendo un espacio que debe ser sustituido sin duda por una mujer.
Alda Facio jurista internacional con énfasis en derechos de las mujeres, ha señalado que la designación de mujeres como juezas o ministras debe estar basada en su probada capacidad de discernir sin mediar intereses, entre lo justo y lo parcial, siendo casos como los de Ruanda un ejemplo de sus potencialidades en la impartición de la justicia.
La presencia de mujeres en la impartición de justicia es una urgente necesidad, por lo que la próxima transición en la SCJN es de inicio un reto para el Ejecutivo y el Senado, pues ellos serán los protagonistas del proceso que habrá de llevar o no la presencia de mujeres a estos espacios, todas y todos deberíamos exigirlo.
