La peculiar forma de hacer política de Donald Trump ha vuelto a vulnerar las libertades y derechos sociales de miles de jóvenes inmigrantes. La decisión de poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su siglas en inglés) vulnera a 800 mil jóvenes.
Estos jóvenes inmigrantes indocumentados, llamados “dreamers”, llegaron con sus padres cuando eran niños y han crecido como americanos, incluso, algunos no hablan el idioma de su país de origen. Sin importar que ellos hayan adoptado la cultura americana, que se identifiquen y piensen como americanos, jurídicamente no lo son.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos identifica a México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur, Brasil, Ecuador, Colombia y Filipinas como los principales países de origen de los dreamers. Los mexicanos representan el 77.2 porciento, es decir, 618 mil personas.
El programa DACA fue creado en 2012, por el Departamento de Seguridad Nacional de EU, en la administración de Barack Obama. Los beneficios que otorga DACA son: poder solicitar la suspensión de una deportación, residir legalmente en Estados Unidos, tener un permiso de trabajo temporal, acceso a Seguro Social, derecho a tener una licencia de conducir del Estado y a tener seguro médico.
La pasada administración demócrata impuso el programa como un remedo legal, mediante una orden ejecutiva,al no lograr que el Congreso diera su apoyo mayoritario a la ley que en 2010 ofrecía cobertura a los dreamers. La falta de sustento legislativo permite a la derecha radical argumentar que el programa es una extralimitación del poder ejecutivo, y, por lo tanto, se debe poner fin al mismo.
Los defensores de poner fin al programa alegan motivos jurídicos y respeto a ley, sin embargo, esta acción tiene un claro trasfondo político. Trump ha tomado el tema migratorio como estandarte de su gobierno y ha hostigado a personas indocumentadas, así como a las que considera terroristas por su ascendencia o país de origen. Esta política basada en el odio, que el empresario implementa, logra muchos aplausos entre sus simpatizantes. Y esa es la finalidad, mantener su base electoral.
La decisión parece no tener sustento social, político ni económico. Trump está cumpliendo con sus promesas de campaña, pero no está considerando aspectos importantes como la contribución que hacen estos jóvenes. Un análisis de New American Economy, una coalición de líderes empresariales, calcula que los dreamers pagan tres mil millones dólares en impuestos, aportan casi dos mil millones a la seguridad social y 470 millones a
Medicare.
El plazo para poner fin al programa es el 5 de marzo de 2018. En estos meses los parlamentarios deben encontrar una solución para darcerteza jurídica a los dreamers. Mientras tanto, el futuro de miles de jóvenes depende de un parlamento dividido y un presidente inverosímil.
