/ viernes 1 de septiembre de 2017

Ya hay beneficios de la reforma energética

Quizás la reforma más trascendental que impulsó y concretó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es la energética. Lo es tanto por nuestra historia en el sector, cargada de intenso e indiscutible nacionalismo, como por la riqueza que ha generado y sigue generando para el desarrollo de nuestro país.

Por esas mismas circunstancias que han rodeado al sector energético fue una de las reformas más discutidas y debatidas. Por un lado, quienes se oponían con el argumento de que la rectoría o control de los energéticos volvería (como antes de Lázaro Cárdenas) a los extranjeros; por el otro, quienes subrayamos desde nuestras respectivas trincheras que se podía (y se pudo) mantener el control de los energéticos al mismo tiempo de avanzar en el saneamiento y la modernización del sector, con nuevas formas globales de explotación de los hidrocarburos.

Por ello es que las actividades de exploración y producción se consideran estratégicas para el Estado mexicano y quedó claro que solo pueden llevarse a cabo mediante asignatarios (que en este caso es la empresa Petróleos Mexicanos, que pasó a ser “empresa productiva del Estado”) y contratistas (que son los particulares, y es el proceso ya iniciado mediante rondas en las que se ofertan las zonas de producción).

Con los tropiezos normales al iniciar una reestructuración del sector, con las dudas consecuentes no de quienes participan de la actividad energética (que es la petrolera, pero también la eléctrica) sino del pueblo mexicano en general, esta reforma ha avanzado y empieza a rendir frutos.

Hay compañías transnacionales dedicadas a la explotación petrolera que ya participan, que ganaron concesiones y empiezan a operar para seguir produciendo el petróleo que nos seguirá dando riqueza.

Una primera buena noticia en el sector fue el descubrimiento de un yacimiento, ubicado a 60 kilómetros de las costas de Tabasco, cuyas estimaciones están entre los mil 400 y dos mil millones de barriles de crudo. De lo que produzcan ahí los particulares que obtuvieron la concesión, según estimaciones de expertos en el sector, cada año México recibirá unos 50 mil millones de pesos. Y prácticamente sin invertir un solo peso.

Del otro lado, frente a las buenas noticias, están las muy malas que en impacto popular causó en su momento el aumento y la posterior liberación de los precios de las gasolinas. Hay que reconocer el negativo impacto que tuvo para el gobierno federal, y particularmente para el presidente Peña, pero a medida que los ciudadanos nos acostumbramos a las fluctuaciones de los precios (que son mínimas), en varias regiones con tendencia a la baja.

En el corto plazo la liberación llevará a que los expendedores de gasolina sean quienes establezcan sus propios precios y generará la competencia en la que seremos los consumidores lo que saldremos ganando. No olvidemos que la oferta y la demanda en el mercado, la competencia por vender, lleva a la baja de los precios y a que el usuario final obtenga más y mejor producto por menor precio.

Hay que hacer un paréntesis para recordar algo importante que incluyó la reforma energética: el Fondo Mexicano del Petróleo. Se trata de un fideicomiso a cargo del Banco de México que administrará el ahorro a largo plazo de los ingresos recibidos a partir de los contratos (que ya se están haciendo) y cuando esos ingresos superar el 3% del Producto Interno Bruto, recomendará a la Cámara de los Diputados emplearlo en ahorro a largo plazo, pensión universal, proyectos de energía e infraestructura y 10% en becas.

De estos puntos o cláusulas establecidas en la reforma energética es de los que tenemos que estar muy atentos los mexicanos. En la medida en que Pemex oferte zonas de explotación y haya empresas privadas que obtengan la concesión, y finalmente produzcan o extraigan petróleo, ese Fondo Mexicano se alimentará y servirá a los ciudadanos, a nuestros hijos con becas.

No nos equivocamos quienes contribuimos a aprobar la reforma energética. La modernización del sector, lejos de entregar la rectoría o control del petróleo, lejos de ofender el nacionalismo de 1938 que llevó a la expropiación de las compañías privadas que hacían la explotación del hidrocarburo, está ya sirviendo a los mexicanos con mayor eficiencia.

Quizás la reforma más trascendental que impulsó y concretó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es la energética. Lo es tanto por nuestra historia en el sector, cargada de intenso e indiscutible nacionalismo, como por la riqueza que ha generado y sigue generando para el desarrollo de nuestro país.

Por esas mismas circunstancias que han rodeado al sector energético fue una de las reformas más discutidas y debatidas. Por un lado, quienes se oponían con el argumento de que la rectoría o control de los energéticos volvería (como antes de Lázaro Cárdenas) a los extranjeros; por el otro, quienes subrayamos desde nuestras respectivas trincheras que se podía (y se pudo) mantener el control de los energéticos al mismo tiempo de avanzar en el saneamiento y la modernización del sector, con nuevas formas globales de explotación de los hidrocarburos.

Por ello es que las actividades de exploración y producción se consideran estratégicas para el Estado mexicano y quedó claro que solo pueden llevarse a cabo mediante asignatarios (que en este caso es la empresa Petróleos Mexicanos, que pasó a ser “empresa productiva del Estado”) y contratistas (que son los particulares, y es el proceso ya iniciado mediante rondas en las que se ofertan las zonas de producción).

Con los tropiezos normales al iniciar una reestructuración del sector, con las dudas consecuentes no de quienes participan de la actividad energética (que es la petrolera, pero también la eléctrica) sino del pueblo mexicano en general, esta reforma ha avanzado y empieza a rendir frutos.

Hay compañías transnacionales dedicadas a la explotación petrolera que ya participan, que ganaron concesiones y empiezan a operar para seguir produciendo el petróleo que nos seguirá dando riqueza.

Una primera buena noticia en el sector fue el descubrimiento de un yacimiento, ubicado a 60 kilómetros de las costas de Tabasco, cuyas estimaciones están entre los mil 400 y dos mil millones de barriles de crudo. De lo que produzcan ahí los particulares que obtuvieron la concesión, según estimaciones de expertos en el sector, cada año México recibirá unos 50 mil millones de pesos. Y prácticamente sin invertir un solo peso.

Del otro lado, frente a las buenas noticias, están las muy malas que en impacto popular causó en su momento el aumento y la posterior liberación de los precios de las gasolinas. Hay que reconocer el negativo impacto que tuvo para el gobierno federal, y particularmente para el presidente Peña, pero a medida que los ciudadanos nos acostumbramos a las fluctuaciones de los precios (que son mínimas), en varias regiones con tendencia a la baja.

En el corto plazo la liberación llevará a que los expendedores de gasolina sean quienes establezcan sus propios precios y generará la competencia en la que seremos los consumidores lo que saldremos ganando. No olvidemos que la oferta y la demanda en el mercado, la competencia por vender, lleva a la baja de los precios y a que el usuario final obtenga más y mejor producto por menor precio.

Hay que hacer un paréntesis para recordar algo importante que incluyó la reforma energética: el Fondo Mexicano del Petróleo. Se trata de un fideicomiso a cargo del Banco de México que administrará el ahorro a largo plazo de los ingresos recibidos a partir de los contratos (que ya se están haciendo) y cuando esos ingresos superar el 3% del Producto Interno Bruto, recomendará a la Cámara de los Diputados emplearlo en ahorro a largo plazo, pensión universal, proyectos de energía e infraestructura y 10% en becas.

De estos puntos o cláusulas establecidas en la reforma energética es de los que tenemos que estar muy atentos los mexicanos. En la medida en que Pemex oferte zonas de explotación y haya empresas privadas que obtengan la concesión, y finalmente produzcan o extraigan petróleo, ese Fondo Mexicano se alimentará y servirá a los ciudadanos, a nuestros hijos con becas.

No nos equivocamos quienes contribuimos a aprobar la reforma energética. La modernización del sector, lejos de entregar la rectoría o control del petróleo, lejos de ofender el nacionalismo de 1938 que llevó a la expropiación de las compañías privadas que hacían la explotación del hidrocarburo, está ya sirviendo a los mexicanos con mayor eficiencia.