/ sábado 17 de junio de 2017

Zape al autoritarismo de Mancera

Dice un refrán conocido: “El poder marea a los listos y enloquece a los tontos”, y eso es justamente lo que estamos presenciando los habitantes de la Ciudad de México, con la empecinada (por decirlo suave) actitud del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, de querer construir una línea del sistema colectivo Metrobús a lo largo del Paseo de la Reforma, sin duda,  la más hermosa y emblemática avenida de la capital del país.

Transformada en unas cuantas semanas, por la unilateral voluntad del jefe de gobierno, en un absoluto caos de tránsito, tráfico, visual y acústico, y lo más grave, en contra de la voluntad de los capitalinos, finalmente el juez federal Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, acaba de ordenar suspender en su totalidad las obras del abyecto proyecto de Mancera, hasta determinar si el gobierno capitalino puede o no realizar dichas obras en zonas tangenciales a los monumentos históricos.

La orden judicial que ha generado enorme entusiasmo en la población capitalina, es en respuesta al juicio de amparo promovido por una asociación civil contra las autoridades de la Ciudad de México, en donde expusieron sólidos argumentos, demostrando que la construcción que pretende Mancera ha soslayado el irreversible daño que dicha obra significaría a las zonas protegidas del Paseo de la Reforma y a las áreas sensibles del Bosque de Chapultepec.

Previamente al dictamen judicial, el pasado 2 de junio, ya el subdirector de Amparos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) había mostrado a las autoridades y a los medios, los documentos legales que declaran que toda la avenida Reforma constituye un monumento protegido. Dicha protección, prevista en el Artículo 36, fracción I, de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, también contempla a todo el Paseo de la Reforma, por determinación de ley como monumento histórico, por lo que solo pueden realizarse en esa vía, obras de mantenimiento, conservación y rehabilitación. Esto además del antecedente legal del 9 de febrero de 1931 en donde se declara monumento histórico a la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

La determinación del juez federal Silva García de suspender las obras incluyendo las que están afectando las áreas verdes naturales del Bosque de Chapultepec,  la tala de árboles que se encuentren en dicha zona y la periferia, así como la estructura urbana protegida de Paseo de la Reforma, se sustentó en todos los referentes legales arriba señalados ya fue notificada a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, pero éstas han hecho caso omiso al dictamen del juez federal y continúan con los trabajos en diversos tramos del Paseo de la Reforma.

Ante esta disparatada situación por parte del gobierno, los especialistas de la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), en voz de su fundador Ramón Ojeda Mestre, han instado al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a presentar opciones que no atenten contra el medio ambiente ni impacten en el valor cultural y patrimonial. Habrá que ver si los escucha.

Ignorar el dictamen de un juez federal, mostrando la fuerza de su autoridad, temporal, destruyendo nuestra más querida vía de forma permanente, finalmente refrenda lo que suponíamos: la gran ambición de Mancera se acompaña de ominosas limitaciones.

Dice un refrán conocido: “El poder marea a los listos y enloquece a los tontos”, y eso es justamente lo que estamos presenciando los habitantes de la Ciudad de México, con la empecinada (por decirlo suave) actitud del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, de querer construir una línea del sistema colectivo Metrobús a lo largo del Paseo de la Reforma, sin duda,  la más hermosa y emblemática avenida de la capital del país.

Transformada en unas cuantas semanas, por la unilateral voluntad del jefe de gobierno, en un absoluto caos de tránsito, tráfico, visual y acústico, y lo más grave, en contra de la voluntad de los capitalinos, finalmente el juez federal Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, acaba de ordenar suspender en su totalidad las obras del abyecto proyecto de Mancera, hasta determinar si el gobierno capitalino puede o no realizar dichas obras en zonas tangenciales a los monumentos históricos.

La orden judicial que ha generado enorme entusiasmo en la población capitalina, es en respuesta al juicio de amparo promovido por una asociación civil contra las autoridades de la Ciudad de México, en donde expusieron sólidos argumentos, demostrando que la construcción que pretende Mancera ha soslayado el irreversible daño que dicha obra significaría a las zonas protegidas del Paseo de la Reforma y a las áreas sensibles del Bosque de Chapultepec.

Previamente al dictamen judicial, el pasado 2 de junio, ya el subdirector de Amparos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) había mostrado a las autoridades y a los medios, los documentos legales que declaran que toda la avenida Reforma constituye un monumento protegido. Dicha protección, prevista en el Artículo 36, fracción I, de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, también contempla a todo el Paseo de la Reforma, por determinación de ley como monumento histórico, por lo que solo pueden realizarse en esa vía, obras de mantenimiento, conservación y rehabilitación. Esto además del antecedente legal del 9 de febrero de 1931 en donde se declara monumento histórico a la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

La determinación del juez federal Silva García de suspender las obras incluyendo las que están afectando las áreas verdes naturales del Bosque de Chapultepec,  la tala de árboles que se encuentren en dicha zona y la periferia, así como la estructura urbana protegida de Paseo de la Reforma, se sustentó en todos los referentes legales arriba señalados ya fue notificada a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, pero éstas han hecho caso omiso al dictamen del juez federal y continúan con los trabajos en diversos tramos del Paseo de la Reforma.

Ante esta disparatada situación por parte del gobierno, los especialistas de la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), en voz de su fundador Ramón Ojeda Mestre, han instado al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a presentar opciones que no atenten contra el medio ambiente ni impacten en el valor cultural y patrimonial. Habrá que ver si los escucha.

Ignorar el dictamen de un juez federal, mostrando la fuerza de su autoridad, temporal, destruyendo nuestra más querida vía de forma permanente, finalmente refrenda lo que suponíamos: la gran ambición de Mancera se acompaña de ominosas limitaciones.

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