El que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acabe menoscabada en su credibilidad, solvencia e independencia institucional debido a la politización de las revisiones por parte de las autoridades y las dependencias fiscalizadas es un precedente ominoso para la gobernabilidad democrática, además de un auténtico contrasentido.
Partimos de que se recurre a la mediatización del desacuerdo o el rechazo de las observaciones, cuando existen procedimientos y plazos establecidos para que las entidades auditadas respondan y, de ser el caso, aclaren las inconsistencias o errores alegados. Hay derechos y obligaciones puntuales de por medio. Pero, más aún, hablamos de contrasentido porque en cualquier país democrático está en la esencia de la fiscalización ser, en algún sentido, incómoda para quienes son fiscalizados. Imaginemos que los directivos de una empresa tratasen de desacreditar, con comentarios a los medios de comunicación y en sus redes sociales, a la firma de contadores que les hizo una auditoría que detectó afectaciones para los socios.
Aquí es lo mismo, pero los accionistas somos los ciudadanos: por delegación de la Cámara de Diputados, representante de la ciudadanía que aprueba los presupuestos de la nación, la ASF tiene el mandato constitucional de velar por la integridad en el ejercicio del dinero y el patrimonio de todos los mexicanos.
Es preocupante ver cómo, tras la polémica por la auditoría de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), otros responsables de dependencias con observaciones importantes, en vez de seguir los cauces institucionales para solventarlas, precisamente han recurrido ya sea a Twitter o al debate de cara a la prensa. Lo mismo en lo que atañe a la auditoría sobre el Tren Maya que a la de la refinería de Dos Bocas.
El mal ejemplo cunde, y el problema es que desemboca en confusión y evasión: justo lo contrario al quid de la fiscalización: transparencia y rendición de cuentas. Eso no puede perderse de vista cuando juzgamos los hechos y las implicaciones de este asunto.
Dado que la ASF reconoció errores en la valuación del costo de la cancelación, se requiere de absoluta transparencia y objetividad técnica en la aclaración. Incluso, el proceso debería ser asumido como oportunidad para la comprensión cabal de los efectos de esa decisión de 2018: no sólo de los costos directos por suspender obras que llevaban un avance muy importante, sino los de privarnos de infraestructura de clase mundial para empezar, de cero, otro aeropuerto de menor capacidad y con dudas de viabilidad. ¿Cuáles son las consecuencias de una acción más de corte político que financiero, de ingeniería o aeronavegabilidad? Sería muy sano que especialistas en esas disciplinas fuesen consultados para, por ejemplo, llegar al cálculo correcto del valor presente neto.
Como sea, si somos demócratas, necesitamos defender a la ASF como pieza central de la división de poderes. De hecho, está en los orígenes de nuestra forma de gobierno republicano, democrático y federal: desde la creación de la Contaduría Mayor de Hacienda, sustentada en nuestra primera Constitución de 1824. Su desarrollo se encuadra asimismo en el proceso de transición democrática, desde el régimen de presidencialismo y partido hegemónico, con el punto de inflexión, en el 2000, de su transformación en Auditoría Superior de la Federación.
La visión fue contar con una estructura institucional de rendición de cuentas democrática, respaldada por una entidad auditora robusta, políticamente imparcial, con autonomía de gestión y orientación profesional y técnica. El avance en esa dirección es innegable.
Hoy la ASF es una de las instituciones más sólidas del Estado mexicano, tanto en su andamiaje institucional como en su capital humano y sistemas. Ha demostrado con trabajo y resultados su autonomía y capacidad, incluso destapando y aclarando casos emblemáticos de fraudes e irregularidades.
El Auditor, David Colmenares Páramo, profesional íntegro y competente, y uno de los economistas que mejor conocen las finanzas públicas de México, asumió su cargo en medio de nuevos retos tanto para el sistema de fiscalización como en relación con el momento político del país, de exigencia social de renovación en la vida pública para abatir la corrupción y la impunidad, y ahora, de acentuada polarización.
Todo eso debe ser considerado para juzgar objetivamente el proceder de una institución que ha estado inmersa en una fase de renovación muy importante: desarrollo del Sistema Nacional de Fiscalización; incorporación de capacidades extraordinarias con las nuevas tecnologías de datos e inteligencia artificial; nuevo énfasis en lo cualitativo y el potencial preventivo de la labor auditora; mayor foco en el gasto federalizado, que tiene que ver las áreas más sensibles para la ciudadanía, como salud, seguridad y educación; estandarización de la auditoría gubernamental, a partir de mejores prácticas internacionales y para reducir las brechas entre los órganos fiscalizadores estatales. Más aún, resulta paradójico que se acuse de parcialidad cuando en esta revisión de la cuenta pública de 2019 se encontraron observaciones por más de 99 mil millones de pesos.
Pero más allá de personajes y casos particulares de diferendos, los ciudadanos tenemos que defender a la ASF, como a la democracia misma.
