/ domingo 22 de noviembre de 2020

A grandes males, peores remedios

La noche del 9 de noviembre, policías municipales de Benito Juárez, Quintana Roo, dispararon al aire para dispersar una manifestación en la cual exigían justicia por los recientes feminicidios ocurridos en el estado. La reacción de las autoridades fue muy predecible: condenaron los actos, afirmaron que encontrarían a los culpables y aseguraron que no habría impunidad. A la fecha, tres funcionarios públicos han sido cesados por estos hechos, pero siguen buscando a los responsables de los disparos.

Al igual que en otros casos de abusos policiales, las autoridades pretenden deslindarse de cualquier responsabilidad al señalar como culpables únicamente a los que dieron la orden de disparar y a los que la cumplieron. De esta manera, quieren encubrir un problema mayor e ignorar que durante años han abandonado a sus policías, condenándolas a operar sin protocolos y equipamiento adecuado, con muy poca preparación y sin mecanismos de vigilancia, investigación y sanción. Las mismas autoridades que han permitido que la policía opere con desidia se sorprenden cínicamente cuando ésta comete abusos.

Respecto a este último punto, y en el caso particular de Quintana Roo, es importante mencionar que no es la primera vez que la policía municipal de Benito Juárez comete algún abuso. Por ejemplo, en 2017, elementos de esta corporación privaron de la libertad a cuatro colombianos para entregarlos a un grupo del crimen organizado. Asimismo, desde 2018 la organización “Artículo 19” ha documentado y denunciado distintos abusos cometidos por estos policías municipales en contra de periodistas, incluyendo detenciones arbitrarias, agresiones y tortura. Y, durante el primer semestre de este año, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo recibió 171 quejas en contra elementos de distintas policías municipales, siendo Benito Juárez el municipio con el mayor número de quejas. Entonces, ¿ingenuidad o complicidad en los hechos del 9 de noviembre?

Desafortunadamente, este tipo de acontecimientos son el pretexto perfecto para militarizar la seguridad pública y recortar el presupuesto de las policías. La evidencia no podría ser más clara. Primero, debido a la destitución del secretario de seguridad pública municipal, la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, acordó con el titular de la Secretaría de Marina que el nuevo titular sería un marino (militar), y no un civil. Segundo, en días pasados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, en el cual recortaron los fondos destinados a la seguridad en los estados y municipios, y eliminaron un subsidio que se había otorgado históricamente a las policías municipales.

Estas supuestas soluciones son en realidad las causas del problema: no se mejoran las policías porque cometen abusos; y, a su vez, como son abusivas, no se mejoran. Un círculo vicioso en el que están atrapadas desde hace mucho tiempo. Para decirlo de otra manera: si únicamente les dan un arma de fuego, la utilizarán ante cualquier amenaza; si no reciben una buena capacitación sobre uso de la fuerza, seguirán cometiendo abusos; y, si no castigan estos abusos, los seguirán cometiendo.

Que quede claro: los responsables de los disparos deben de ser sancionados, al igual que las autoridades que, por omisión o colusión, permitieron llegar hasta este punto. Los abusos policiales cometidos en Quintana Roo no son los primeros y, mientras no se rompa el círculo vicioso que mantiene a las policías en un estado de precariedad y discrecionalidad, no serán los últimos.


Consultor independiente.

@ddblanc

La noche del 9 de noviembre, policías municipales de Benito Juárez, Quintana Roo, dispararon al aire para dispersar una manifestación en la cual exigían justicia por los recientes feminicidios ocurridos en el estado. La reacción de las autoridades fue muy predecible: condenaron los actos, afirmaron que encontrarían a los culpables y aseguraron que no habría impunidad. A la fecha, tres funcionarios públicos han sido cesados por estos hechos, pero siguen buscando a los responsables de los disparos.

Al igual que en otros casos de abusos policiales, las autoridades pretenden deslindarse de cualquier responsabilidad al señalar como culpables únicamente a los que dieron la orden de disparar y a los que la cumplieron. De esta manera, quieren encubrir un problema mayor e ignorar que durante años han abandonado a sus policías, condenándolas a operar sin protocolos y equipamiento adecuado, con muy poca preparación y sin mecanismos de vigilancia, investigación y sanción. Las mismas autoridades que han permitido que la policía opere con desidia se sorprenden cínicamente cuando ésta comete abusos.

Respecto a este último punto, y en el caso particular de Quintana Roo, es importante mencionar que no es la primera vez que la policía municipal de Benito Juárez comete algún abuso. Por ejemplo, en 2017, elementos de esta corporación privaron de la libertad a cuatro colombianos para entregarlos a un grupo del crimen organizado. Asimismo, desde 2018 la organización “Artículo 19” ha documentado y denunciado distintos abusos cometidos por estos policías municipales en contra de periodistas, incluyendo detenciones arbitrarias, agresiones y tortura. Y, durante el primer semestre de este año, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo recibió 171 quejas en contra elementos de distintas policías municipales, siendo Benito Juárez el municipio con el mayor número de quejas. Entonces, ¿ingenuidad o complicidad en los hechos del 9 de noviembre?

Desafortunadamente, este tipo de acontecimientos son el pretexto perfecto para militarizar la seguridad pública y recortar el presupuesto de las policías. La evidencia no podría ser más clara. Primero, debido a la destitución del secretario de seguridad pública municipal, la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, acordó con el titular de la Secretaría de Marina que el nuevo titular sería un marino (militar), y no un civil. Segundo, en días pasados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, en el cual recortaron los fondos destinados a la seguridad en los estados y municipios, y eliminaron un subsidio que se había otorgado históricamente a las policías municipales.

Estas supuestas soluciones son en realidad las causas del problema: no se mejoran las policías porque cometen abusos; y, a su vez, como son abusivas, no se mejoran. Un círculo vicioso en el que están atrapadas desde hace mucho tiempo. Para decirlo de otra manera: si únicamente les dan un arma de fuego, la utilizarán ante cualquier amenaza; si no reciben una buena capacitación sobre uso de la fuerza, seguirán cometiendo abusos; y, si no castigan estos abusos, los seguirán cometiendo.

Que quede claro: los responsables de los disparos deben de ser sancionados, al igual que las autoridades que, por omisión o colusión, permitieron llegar hasta este punto. Los abusos policiales cometidos en Quintana Roo no son los primeros y, mientras no se rompa el círculo vicioso que mantiene a las policías en un estado de precariedad y discrecionalidad, no serán los últimos.


Consultor independiente.

@ddblanc

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