La morenista ADELA ROMÁN, alcaldesa de Acapulco, se encumbró con un discurso de resentimiento social intenso, gastando las frases de desigualdad social en la entidad, que ciertamente fluyen solitas y se sustentan más fácil. Se quejaba mucho de los eventos de los “ricos”, de los empresarios. Lo cierto es que la política real ya la dobló, pues esta semana anunció seguridad extra en Punta Diamante, donde se desarrolla el Abierto Mexicano de Tenis. También ha dicho que evitará que el Tianguis Turístico y la Bancaria (quiénes más ricos que sus asistentes) abandonen el peligroso puerto, de sucias playas. Tal parece que la derrama económica de esos eventos fifí no es tan despreciable...
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En el colmo de la deshonestidad profesional, los mismos abogados que llevaron al precipicio a los trabajadores de maquiladoras de Matamoros, como Susana Prieto Terrazas, vendiéndoles falsamente que podían ganar con el movimiento, ahora se ofrecen como los litigantes para exigir la reinstalación y liquidaciones de obreros que se quedaron sin trabajo, luego de que las empresas decidieron cerrar o irse de la localidad ante la intransigencia de las bases. Es decir, los licenciados laborales ganan en las buenas y ganan en las malas, sin importarles que están de por medio más de mil 500 familias que, prácticamente, de un día para otro se quedaron sin fuente de ingresos.
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Tome nota. Se está cocinando la siguiente gran bronca nacional, ahora en el área de la educación media superior del sector público que integra a instituciones como el Conalep, Cobach y Cecyte, cuyo claustro de profesores no está de acuerdo con la austeridad decretada por el gobierno federal, que les quitó 80 millones de pesos para la operación de sus centros de estudios. Los primeros sacrificados con este recorte, aseguran fuentes cercanas a las organizaciones magisteriales involucradas, son los trabajadores más modestos, cuya labor es eventual y carecen de prestaciones.
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En los próximos días, si no es que en horas, se anunciará un paro nacional de las escuelas públicas de nivel bachillerato, ya que, como en otros casos (estancias infantiles, refugios de mujeres violentadas, etcétera), las tijeras del verdugo de la austeridad se fueron de largo y cortaron músculo en lugar de grasa. El problema aquí es social, y se origina en grupos que votaron por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, no en las áreas fifí de la sociedad.
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Y porque las organizaciones de la sociedad civil se niegan a ser los “ternuritas” del sexenio, éstas continúan con sus labores de análisis y propuestas temáticas. Por eso ayer México Evalúa, que preside Edna Jaime, relanzó su plataforma Proyecto Justicia. En el evento se presentó un consorcio internacional de investigación conformado por la Universidad de San Diego, la Universidad de Georgetown, Universidad de Albany, CIDE, Data Cívica, Data OPM, Documenta AC, Equis Justicia, GIRE, The World Justice Project y México Evalúa.
