“Viene la revocación de mandato. Es una reforma que yo promoví para que en el 2022 le pregunten a la gente: ¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie?”, dijo en un video este fin de semana ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. “Si la gente dice que renuncie el Presidente, nos vemos. Si la gente dice que continúe el Presidente, termino hasta el 2024, porque también soy demócrata y no soy partidario de la reelección”.
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Que ahora tendrá doble problema la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo pues, además del segundo acuerdo de bloqueo de sus cuentas que le reportamos aquí durante la semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto acaba de ganar el incidente de modificación de la suspensión ante el Juzgado Segundo de Distrito, por lo que el congelamiento original de los famosos 151 millones de dólares se ratifica y, de paso, se echa por tierra el argumento de que la UIF estaba incurriendo en desacato.
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Nos aseguran, para precisar, que el tema nada tiene que ver con la institución educativa, sino contra un muy extraño “Patronato Universitario” de Gerardo Sosa Castelán, que opera gasolineras, hoteles y centros recreativos con ingresos cercanos a los 800 millones de pesos anuales.
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El segundo síndico de Ecatepec, Daniel Sibaja, hizo un llamado para que las autoridades de fiscalización y el Congreso del Estado de México auditen el ejercicio de los recursos públicos que hizo el alcalde Fernando Vilchis en 2019.
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Según el funcionario, se han detectado irregularidades en el manejo del presupuesto que el edil morenista habría querido ocultar, de ahí que, por primera vez en la historia, la Cuenta Pública no fue revisada por los síndicos, ya que no les fue enviada por la presidencia municipal como se obliga en la ley. A la par de los organismos locales, aseguran, la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, tiene el ojo puesto en este Ayuntamiento mexiquense, así como en el de Chimalhuacán de Jesús Tolentino Román.
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Gerardo Estrada Attolini, director de Finanzas Corporativas de Fomento Económico Mexicano, informó que llegaron a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, de Raquel Buenrostro, para finalizar diferencias de interpretación que existían sobre impuestos pagados en el extranjero, sin recurrir a instancias judiciales. Este anuncio fue el que resonó todo el fin de semana entre empresarios mexicanos.
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Le pagaron al gobierno ocho mil 790 millones de pesos y eso se verá reflejado en los estados financieros del segundo semestre del 2020. Dicen los que saben que la lupa sigue puesta en decenas de empresarios que han sido señalados como opositores al gobierno de López Obrador, ellos lo saben y no quieren darle pretextos. Como aquí le informamos, el presidente de México anda sentido con Carlos Salazar Lomelín, el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en gran parte por culpa del Diablo.
