“Bueno, si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional”, aceptó ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y encendió las alertas de sus propios seguidores, pues públicamente dijo que recurrirá a los de Alito para conseguir favores. ¿Cómo habrán tomado los priistas este gran impulso del mandatario que les abre la puerta a la 4T?, preguntan los mal pensados. ¿Venderán caro su amor o serán igual que los del Verde?
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Dicen que en el Partido Acción Nacional, que lidera Marko Cortés, festejaron como si hubieran ganado otra gubernatura el triunfo de Eduardo Rivera en la capital de Puebla. Lo anterior, se comenta dentro del blanquiazul, porque esa plaza resultará prioritaria para competir por la gubernatura en 2024, cuando Luis Miguel Barbosa deje su encargo como mandatario estatal. Así, aseguran, están en condiciones de recuperar la entidad que perdieron en 2019.
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Desde el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, que lleva Francisco Ángel Villarreal, nos cuentan que en aquella entidad no se regresará aún a clases presenciales sino hasta tener bien definidas las acciones para que los alumnos vuelvan a las aulas de la forma más segura posible. Para ello, nos especifican que comenzó un trabajo de socialización con el magisterio, autoridades municipales, comités de padres de familia y la Secretaría de Salud local, para determinar cuál será la estrategia que permitirá evitar un repunte en los contagios de Covid-19 el próximo ciclo escolar.
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Los enterados comentan que ante la falta de mantenimiento de las patrullas que rentó supuestamente a sobreprecio el actual alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, un grupo de policías de la Dirección General de Seguridad Pública tuvo que acudir a las autoridades mexiquenses para denunciar a la empresa CA Soluciones Financieras (Casofin), propiedad de la familia Mena y al propio Sánchez Gómez.
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De acuerdo con la denuncia de hechos, el alcalde todavía en funciones, recurrió a Casofin para brindar el servicio de arrendamiento de 400 patrullas, desde 2019 y hasta diciembre de 2021, a través de una licitación pública presuntamente “amañada” que no garantizó las mejores condiciones para el Estado.
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Aunque el tema llegó a Palacio Nacional y el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a investigar el tema, las irregularidades en el servicio que brinda Casofin y las fallas de los vehículos continúan reportándose por lo que los cuerpos de seguridad de Toluca, exigieron al congreso estatal una amplia investigación sobre el caso, a las autoridades correspondientes que se inhabilite a la contratista y castigo para los responsables por el probable daño al erario y los riesgos a los que se ha expuesto tanto a los policías como a la ciudadanía.
