/ lunes 28 de septiembre de 2020

A la sombra | Arturo Herrera

Foto: Luis Calderón

Nos cuentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de Hacienda supervisar personalmente el avance de los proyectos prioritarios en los estados del sur del país y eliminar a su paso la mayor cantidad de contratiempos financieros a los que se enfrentan las obras de infraestructura. De ahí que ARTURO HERRERA recorriera durante el fin de semana la ruta de los tramos 4 y 5 del Tren Maya ubicados en los municipios de Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Playa del Carmen en Quintana Roo, estado en el que aprovechó para firmar un acuerdo de colaboración para el combate a los delitos fiscales y financieros.

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Entre quienes adelantaron, por mucho, el inicio de las campañas rumbo a las gubernaturas se encuentra el consejero independiente de Pemex, Rafael Espino quien, nos dicen, busca ser el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional para suceder a Javier Corral en el gobierno de Chihuahua.

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Sin embargo, cuentan que antes de llegar a la boleta electoral, Espino de la Peña tendrá que aclarar un asunto ante la autoridad fiscal, pues su firma de turismo médico Holding Amerimed se encuentra en un esquema de facturación cruzada, debido a que fue constituida y reporta ingresos en Baja California Sur, pero su operación se concentra en el sureste del país.

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Dicen los que saben que el Gobierno de México estableció contacto con los inversionistas de la empresa Trituradora Minera del Noroeste, filial de la canadiense Americas Gold and Silver Corporation, para evitar que la compañía se vaya del país, después del conflicto que afecta a la mina San Rafael desde el 26 de enero de este año.

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La firma de Canadá, con sede en Toronto, encabezada por el CEO, Darren Blasutti, anunció que cerrará las puertas de la mina San Rafael, ubicada en Cosalá, Sinaloa, y operada por Trituradora Minera del Noroeste, ante el bloqueo de las instalaciones y el clima de inseguridad desatado por las huestes del líder sindical Napoleón Gómez Urrutia.

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Que el asunto de Conagua no solo quedará en la renuncia de seis ex funcionarios, pues existen testimonios de proveedores que vincularían a Eduardo Seldner, subdirector general de Administración del organismo, en una red de tráfico de influencias para gestionar contratos, adjudicaciones y licitaciones a modo, hechos que ya son investigados por la cuatroté.

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De acuerdo con el reporte que llegó a Palacio Nacional, estas jugadas se operaban desde una oficina localizada en El Pedregal, siendo uno de los contratos más cuestionados el otorgado por este grupo y sus subalternos a la firma de Tecnologías de Información Mainbit, de José Antonio Sánchez, proveedor que suma más de mil 300 millones de pesos en contratos con este Gobierno, pese a su pasado en el escándalo de Enciclomedia, junto con Grupo Altavista, de Ricardo Orrantia Cantú.

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Así, este asunto no quedará solo en renuncias masivas, ya que el modus operandi lo intentaron llevar a la Guardia Nacional al pretender realizar la adhesión al contrato adjudicado por Conagua a favor de Mainbit. Alfonso Durazo sabe de esta situación, y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, evitarán que se concreten estos movimientos sospechosos. Además, no se descartan denuncias penales e indagatorias puntuales de parte de la UIF, de Santiago Nieto y de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval.

Foto: Luis Calderón

Nos cuentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de Hacienda supervisar personalmente el avance de los proyectos prioritarios en los estados del sur del país y eliminar a su paso la mayor cantidad de contratiempos financieros a los que se enfrentan las obras de infraestructura. De ahí que ARTURO HERRERA recorriera durante el fin de semana la ruta de los tramos 4 y 5 del Tren Maya ubicados en los municipios de Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Playa del Carmen en Quintana Roo, estado en el que aprovechó para firmar un acuerdo de colaboración para el combate a los delitos fiscales y financieros.

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Entre quienes adelantaron, por mucho, el inicio de las campañas rumbo a las gubernaturas se encuentra el consejero independiente de Pemex, Rafael Espino quien, nos dicen, busca ser el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional para suceder a Javier Corral en el gobierno de Chihuahua.

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Sin embargo, cuentan que antes de llegar a la boleta electoral, Espino de la Peña tendrá que aclarar un asunto ante la autoridad fiscal, pues su firma de turismo médico Holding Amerimed se encuentra en un esquema de facturación cruzada, debido a que fue constituida y reporta ingresos en Baja California Sur, pero su operación se concentra en el sureste del país.

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Dicen los que saben que el Gobierno de México estableció contacto con los inversionistas de la empresa Trituradora Minera del Noroeste, filial de la canadiense Americas Gold and Silver Corporation, para evitar que la compañía se vaya del país, después del conflicto que afecta a la mina San Rafael desde el 26 de enero de este año.

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La firma de Canadá, con sede en Toronto, encabezada por el CEO, Darren Blasutti, anunció que cerrará las puertas de la mina San Rafael, ubicada en Cosalá, Sinaloa, y operada por Trituradora Minera del Noroeste, ante el bloqueo de las instalaciones y el clima de inseguridad desatado por las huestes del líder sindical Napoleón Gómez Urrutia.

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Que el asunto de Conagua no solo quedará en la renuncia de seis ex funcionarios, pues existen testimonios de proveedores que vincularían a Eduardo Seldner, subdirector general de Administración del organismo, en una red de tráfico de influencias para gestionar contratos, adjudicaciones y licitaciones a modo, hechos que ya son investigados por la cuatroté.

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De acuerdo con el reporte que llegó a Palacio Nacional, estas jugadas se operaban desde una oficina localizada en El Pedregal, siendo uno de los contratos más cuestionados el otorgado por este grupo y sus subalternos a la firma de Tecnologías de Información Mainbit, de José Antonio Sánchez, proveedor que suma más de mil 300 millones de pesos en contratos con este Gobierno, pese a su pasado en el escándalo de Enciclomedia, junto con Grupo Altavista, de Ricardo Orrantia Cantú.

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Así, este asunto no quedará solo en renuncias masivas, ya que el modus operandi lo intentaron llevar a la Guardia Nacional al pretender realizar la adhesión al contrato adjudicado por Conagua a favor de Mainbit. Alfonso Durazo sabe de esta situación, y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, evitarán que se concreten estos movimientos sospechosos. Además, no se descartan denuncias penales e indagatorias puntuales de parte de la UIF, de Santiago Nieto y de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval.