/ lunes 20 de julio de 2020

A la sombra | Carla Humphrey Jordan

Foto: Luis Calderón


En su entrevista con la Jucopo, la aspirante al Consejo General del INE, CARLA HUMPHREY, se pronunció porque la autoridad electoral fortalezca sus capacidades de fiscalización, para evitar que a las campañas lleguen recursos procedentes del lavado de dinero o vinculados con el crimen organizado. Habrá que recordar que Humphrey Jordan es en la actualidad directora general adjunta de Asuntos Normativos e Internacionales de la UIF; por lo que, no sólo tiene ya una vasta experiencia en la materia, sino que puede trabajar de manera coordinada con el llamado Grupo de Acción Financiera Internacional.

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“Manifestamos que no hay grupo criminal alguno con capacidad para desafiar exitosamente a las fuerzas federales de seguridad, y mucho menos a partir de ese evidente montaje”, aseguró este fin de semana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, después de varias horas de haberse hecho público un video donde se muestra a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mostrar armamento sofisticado y decenas de vehículos blindados. Si fue montaje, vaya que buscaron a un buen productor de películas de guerra en Hollywood para lograr impresionar a todo el país con su despliegue de poder.

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Dicen los que saben que el gobierno de la cuatroté, a través del Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, aprobó recientemente la construcción del Puente Nichupté en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.

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Desde la Agencia de Proyectos Estratégicos de ese estado, nos adelantan que la obra costará unos cuatro mil 500 millones de pesos y empezará a edificarse este mismo año, además, dicen, en la dependencia liderada por Eduardo Ortiz Jasso, con ese proyecto se pretende desahogar el tránsito vehicular y se incluirán una ciclovía, una ruta de transporte público y un paso peatonal que privilegiarán la conservación del manglar ubicado en la región.

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Nos recuerdan que uno de los primeros expedientes que debe abrir la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuando reanude sus actividades, después de la pandemia del coronavirus, es el relacionado con el laudo para que se pague a los trabajadores de Cananea 55 millones de dólares que adeuda el viejo Sindicato Minero Nacional, de su exíder Napoleón Gómez Urrutia.

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Que Javier Villarreal, subsecretario del Trabajo de la CTM, retomó esta exigencia, que recientemente externó ante la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, para aprovechar su presencia en una conferencia digital de los mineros, organizada por Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía.

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Villarreal le reiteró en corto que, desde 2018, se emitió un laudo que obliga al Sindicato Minero Nacional a devolverle a los trabajadores la indemnización por la privatización de la mina de Cananea. El expediente pasó de la Suprema Corte a un juzgado y de este a la Junta, en donde debe resolverse finalmente. Para el dirigente cetemista, el pago de esa elevada indemnización, que el 30 de julio cumple 13 años de no efectuarse, es un acto elemental de justicia del estado mexicano, que debe ser resuelto.

Foto: Luis Calderón


En su entrevista con la Jucopo, la aspirante al Consejo General del INE, CARLA HUMPHREY, se pronunció porque la autoridad electoral fortalezca sus capacidades de fiscalización, para evitar que a las campañas lleguen recursos procedentes del lavado de dinero o vinculados con el crimen organizado. Habrá que recordar que Humphrey Jordan es en la actualidad directora general adjunta de Asuntos Normativos e Internacionales de la UIF; por lo que, no sólo tiene ya una vasta experiencia en la materia, sino que puede trabajar de manera coordinada con el llamado Grupo de Acción Financiera Internacional.

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“Manifestamos que no hay grupo criminal alguno con capacidad para desafiar exitosamente a las fuerzas federales de seguridad, y mucho menos a partir de ese evidente montaje”, aseguró este fin de semana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, después de varias horas de haberse hecho público un video donde se muestra a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mostrar armamento sofisticado y decenas de vehículos blindados. Si fue montaje, vaya que buscaron a un buen productor de películas de guerra en Hollywood para lograr impresionar a todo el país con su despliegue de poder.

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Dicen los que saben que el gobierno de la cuatroté, a través del Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, aprobó recientemente la construcción del Puente Nichupté en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.

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Desde la Agencia de Proyectos Estratégicos de ese estado, nos adelantan que la obra costará unos cuatro mil 500 millones de pesos y empezará a edificarse este mismo año, además, dicen, en la dependencia liderada por Eduardo Ortiz Jasso, con ese proyecto se pretende desahogar el tránsito vehicular y se incluirán una ciclovía, una ruta de transporte público y un paso peatonal que privilegiarán la conservación del manglar ubicado en la región.

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Nos recuerdan que uno de los primeros expedientes que debe abrir la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuando reanude sus actividades, después de la pandemia del coronavirus, es el relacionado con el laudo para que se pague a los trabajadores de Cananea 55 millones de dólares que adeuda el viejo Sindicato Minero Nacional, de su exíder Napoleón Gómez Urrutia.

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Que Javier Villarreal, subsecretario del Trabajo de la CTM, retomó esta exigencia, que recientemente externó ante la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, para aprovechar su presencia en una conferencia digital de los mineros, organizada por Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía.

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Villarreal le reiteró en corto que, desde 2018, se emitió un laudo que obliga al Sindicato Minero Nacional a devolverle a los trabajadores la indemnización por la privatización de la mina de Cananea. El expediente pasó de la Suprema Corte a un juzgado y de este a la Junta, en donde debe resolverse finalmente. Para el dirigente cetemista, el pago de esa elevada indemnización, que el 30 de julio cumple 13 años de no efectuarse, es un acto elemental de justicia del estado mexicano, que debe ser resuelto.

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