Nos cuentan que en el norte del país se trabaja ya en un proyecto para reforzar la seguridad ciudadana que empezaría a implementarse a partir del 2021, lo anterior porque los precandidatos punteros de Morena a las gubernaturas de Nuevo León, Clara Luz Flores, y Baja California, Armando Ayala, comenzaron a intercambiar propuestas para mejorar ese rubro. En una reunión realizada hace unos días, los actuales alcaldes de Escobedo y Ensenada, respectivamente, acordaron que de obtener el triunfo el próximo año buscarán echar a andar el plan de manera conjunta con el resto de los estados fronterizos.
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Que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) intentará retomar el debate sobre un nuevo pacto fiscal con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Nos dicen que los mandatarios estatales prevén echar a andar diversos proyectos y mesas de trabajo con el Gobierno federal, los ayuntamientos, la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil, para lograr una distribución más equitativa de los recursos hacia las entidades federativas y los municipios, que permita solventar las necesidades específicas de cada zona. Falta que los escuchen.
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Este lunes 23 de noviembre se llevará a cabo la presentación de propuestas de la licitación LA-050GYR027-E353-2020 para la compra de tóners de impresión en la Delegación Guanajuato del IMSS, a cargo de Marco Antonio Hernández Carrillo, contrato que ronda los 20 millones de pesos.
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Sin embargo, entre las interesadas levantó sospecha que durante la Junta de Aclaraciones las bases se modificaron para que se admitieran cartuchos usados y reciclados, característica que favorece a empresas como AP Química Industrial, vinculada a Lorenzo Bujaidar Blackaller, que justamente ofrece insumos de marca Lexmark con estas características, a pesar de que en otras entidades se habrían adquirido totalmente nuevos, pero hasta 40 por ciento más baratos, según refieren integrantes del sector.
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Así, entre los involucrados saltaron los nombres del responsable de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Jorge Luis Pantoja Padilla, así como el titular de la Coordinación Delegacional de Informática, Rafael Antonio Guardado Fuerte. Sin duda, un tema que Zoé Robledo debería revisar de inmediato.
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Aseguran los enterados que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que encabeza Víctor Villalobos Arámbula, y la FAO, desarrollaron sistemas de información agroclimática y de certificación de almacenes de granos que operarán en el centro y sur del país. Una especie de oficina de inteligencia enfocada en la seguridad alimentaria.
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Mediante el Proyecto de Información Agroclimática y el Proceso de Certificación de Almacenamiento de granos se mejora el proceso de integración de datos, y posibilita la aplicación de acciones oportunas de prevención y anticipación ante fenómenos meteorológicos, lo que permitirá proteger las cosechas de los productores de pequeña y mediana escala.
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Dicen los que saben que en materia de subcontratación de personal, la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados atenta gravemente contra el empleo y la economía debido a que no está dirigida únicamente contra quienes cometen malas prácticas laborales, sino que también pone en entredicho el trabajo formal de millones de mexicanos. El gran problema es que los cabilderos, empresarios y políticos a favor de estas prácticas no han conseguido acercarse a los oídos de López Obrador.
