Que a pesar de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró que el ex consejero jurídico de la capital fue cesado por abordar un vuelo privado, en la oposición del Congreso local aún no están del todo convencidos de esa versión. Que no están muy seguros de que algún empresario los anduviera maiceando. Tienen otros datos, u otras sospechas más maquiavélicas.
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Dicen los que saben que la salida de Héctor Villegas coincide más bien con la aprobación de una reforma que, por error, dejaba sin capacidad de veto a la mandataria capitalina. Le amarraba las manos en su accionar. Lo más penoso del asunto, nos cuentan, fue que el traspié legislativo fue firmado, publicado y hasta publicitado por la propia gobernante cuartotransformista.
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Como aquí le adelantamos, muy reveladora fue la participación de Santiago Nieto Castillo en el foro denominado Más transparencia igual a menos corrupción, organizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que encabeza Francisco Javier Acuña Llamas.
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Resulta que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio detalle de la operación que realiza la cuatroté para combatir el lavado de dinero, así como para localizar y señalar a los usuarios finales en dichas operaciones financieras.
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Tan clara fue su ponencia que hasta dejó ver su molestia por el revés que le metieron recientemente los diputados de Morena, al obligarlo en la nueva legislación a notificar por escrito a los sujetos investigados. ¿Acaso tendrá que notificar con anticipación a los narcotraficantes sobre el congelamiento de sus cuentas bancarias? Pues parece que sí.
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Nos cuentan que hay una lluvia de solicitudes de transparencia en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a cargo de Víctor Manuel Villalobos, además de Liconsa y Diconsa para que proporcionen los contratos, las fechas de entrega de las unidades y sus especificaciones técnicas derivadas de la licitación pública nacional electrónica LA-008JBP999- E36-2019, tras la cual Jet Van Car Rental ganó dos partidas para arrendar por cuatro años 100 tractocamiones y 600 camiones de carga. Los convenios son por mil 714 millones de pesos, es decir, un monto que representa el presupuesto de este año de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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Que muchos interesados quieren saber más de los contratos que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a cargo de Ignacio Ovalle, le asignó a Jet Van Car Rental, de Cuauhtémoc Velázquez y Teresa López, por el arrendamiento de 700 camiones pesados. Creen que este misterio debe aclararse, sobretodo, los que han perdido los contratos en los últimos años.
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Ahora resulta que nadie sabía. ¿Por qué el gobierno firmó una adenda al T-MEC sin conocer su contenido ni el alcance de sus implicaciones? ¿Por qué lo sometió al Senado de la República, cuando abiertamente esta soberanía se había manifestado específicamente en contra de que hubiera inspectores laborales extranjeros en nuestro país?, preguntan los de la oposición. De entrada, deben saber que no lo leyeron, pequeño detalle que sí, no tiene nada que ver con letras pequeñas.
