/ martes 23 de febrero de 2021

A la sombra | David Colmenares Páramo

Mensaje de López Obrador a la Auditoría Superior de la Federación, o lo que es lo mismo, para David Colmenares Páramo: “Pues sí exageran. Y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas”.

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Hablando de otros datos, nos cuentan que al interior de la Secretaría de la Función Pública hay mucha molestia por los recientes cuestionamientos a su labor que externó la Auditoría Superior de la Federación. Ayer mandaron a algunos medios que dieron cuenta del informe liberado el sábado un boletín de prensa en el que dicen rechazar “descalificaciones infundadas a su labor”. Pero no presentan hechos, ni pruebas, puros dichos que cuestionan el trabajo de la ASF.

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“Es falso que se hubiera retenido información para los auditores. En los casos de excepción, en los que fue material o jurídicamente imposible entregar la documentación solicitada en el tiempo y la forma requerida por el ente fiscalizador, se expusieron de manera fundada y motivada las razones que justificaban dicha imposibilidad”, dicen los de comunicación de Irma Eréndira Sandoval. Pero la ASF tiene otros datos.

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Nos cuentan que, para esta semana, el Colegio Nacional preparó una serie de eventos, seminarios y foros con especialistas y académicos que analizarán diversos temas que resultan prioritarios dentro de la agenda nacional. La apertura de la cartelera correrá a cargo de Patricia Kurczyn Villalobos, Lucía Ojeda, Diego Valadés y Sergio López Ayllón, quienes llevarán a cabo una mesa de discusión sobre las ventajas, problemas y el futuro de los organismos constitucionales autónomos. Mientras que para el cierre del mencionado ciclo se darán cita José Sarukhán, Luciano Concheiro y Silvia Giorguli para examinar los retos de la enseñanza en el siglo XXI, esto en el marco de la pandemia de Covid-19.

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Que en contraste con varias instituciones que recibieron múltiples observaciones en el informe de la Cuenta Pública 2019 que realiza la Auditoría Superior de la Federación, la Universidad Autónoma de Puebla que dirige Alfonso Esparza se colocó como uno de los pocos entes auditados que no presentaron irregularidades en el ejercicio de sus recursos.

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Nos dicen que en la presente rectoría, la BUAP ha solventado 39 diferentes revisiones cuyos informes han sido plenamente resueltos, sin tener observaciones o recomendaciones pendientes. Esto, como reflejo del apego que ha tenido la máxima casa de estudios de aquella entidad a leyes como la de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios o la de Adjudicaciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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Por cierto, la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, sancionó a Jorge Quintana, Secretario de Administración del IPN dirigido por Arturo Reyes, por un daño a la nación por un monto superior a los 389 millones de pesos por irregularidades en la reconstrucción de los edificios dañados por el sismo de 2017.

Mensaje de López Obrador a la Auditoría Superior de la Federación, o lo que es lo mismo, para David Colmenares Páramo: “Pues sí exageran. Y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas”.

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Hablando de otros datos, nos cuentan que al interior de la Secretaría de la Función Pública hay mucha molestia por los recientes cuestionamientos a su labor que externó la Auditoría Superior de la Federación. Ayer mandaron a algunos medios que dieron cuenta del informe liberado el sábado un boletín de prensa en el que dicen rechazar “descalificaciones infundadas a su labor”. Pero no presentan hechos, ni pruebas, puros dichos que cuestionan el trabajo de la ASF.

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“Es falso que se hubiera retenido información para los auditores. En los casos de excepción, en los que fue material o jurídicamente imposible entregar la documentación solicitada en el tiempo y la forma requerida por el ente fiscalizador, se expusieron de manera fundada y motivada las razones que justificaban dicha imposibilidad”, dicen los de comunicación de Irma Eréndira Sandoval. Pero la ASF tiene otros datos.

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Nos cuentan que, para esta semana, el Colegio Nacional preparó una serie de eventos, seminarios y foros con especialistas y académicos que analizarán diversos temas que resultan prioritarios dentro de la agenda nacional. La apertura de la cartelera correrá a cargo de Patricia Kurczyn Villalobos, Lucía Ojeda, Diego Valadés y Sergio López Ayllón, quienes llevarán a cabo una mesa de discusión sobre las ventajas, problemas y el futuro de los organismos constitucionales autónomos. Mientras que para el cierre del mencionado ciclo se darán cita José Sarukhán, Luciano Concheiro y Silvia Giorguli para examinar los retos de la enseñanza en el siglo XXI, esto en el marco de la pandemia de Covid-19.

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Que en contraste con varias instituciones que recibieron múltiples observaciones en el informe de la Cuenta Pública 2019 que realiza la Auditoría Superior de la Federación, la Universidad Autónoma de Puebla que dirige Alfonso Esparza se colocó como uno de los pocos entes auditados que no presentaron irregularidades en el ejercicio de sus recursos.

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Nos dicen que en la presente rectoría, la BUAP ha solventado 39 diferentes revisiones cuyos informes han sido plenamente resueltos, sin tener observaciones o recomendaciones pendientes. Esto, como reflejo del apego que ha tenido la máxima casa de estudios de aquella entidad a leyes como la de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios o la de Adjudicaciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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Por cierto, la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, sancionó a Jorge Quintana, Secretario de Administración del IPN dirigido por Arturo Reyes, por un daño a la nación por un monto superior a los 389 millones de pesos por irregularidades en la reconstrucción de los edificios dañados por el sismo de 2017.