“Lo tuvieron que usar porque alguna gente muy difícil se les abalanzó, y ellos usaron gas lacrimógeno”, dijo el presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP. Lo cuestionaron acerca de los incidentes en Tijuana, con miembros de la caravana que salió desde Honduras. Las imágenes de las madres cargando a sus pequeños entre humo y con el sonido de las armas no letales de fondo en los videos, son un episodio más del sueño americano. “Este es el punto. Nadie vendrá a nuestro país a menos que vengan de manera legal”.
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Apenas el pasado 22 de noviembre, el gobernador Silvano Aureoles salía de una reunión con Otto Granados, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la que abordaron diversos temas. Así dijeron. Entre ellos, el cierre de año y los compromisos con la educación en Michoacán. “¡Gracias, secretario, por el apoyo que nos ha brindado!”, posteó en Twitter, junto con una foto de los dos muy contentos. Por eso sorprendió ayer Aureoles al salir a declarar que Michoacán está en “quiebra educativa”. Que no tiene recursos para pagar la nómina, prestaciones y otros conceptos para diciembre, el último mes de 2018. Hablamos de unos dos mil millones de pesos. ¿Entonces?
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Que antes de que cualquier cosa suceda en México, con el cambio de gobierno y eso de las deudas pendientes, Florentino Castro López, al mando del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), determinó la creación del Comité de Abasto de Medicamentos, como el órgano colegiado responsable de garantizar que haya suficientes medicinas en todas las unidades médicas. Asimismo, tendrá que vigilar que se optimicen los inventarios para evitar dispendios. El manual del comité entra en vigor hoy.
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Silvano va más allá. Posando con su cara de mayor mortificación, dice que le regresa al gobierno federal la educación básica de Michoacán. Es decir, que prácticamente el gobierno entrante, de Andrés Manuel López Obrador asuma el golpe. Pide que a la brevedad —esto durante una conferencia de prensa montada expresamente para dar este mensaje, en la Ciudad de México—, la Secretaría de Hacienda y la SEP designen a los representantes que recibirán las deudas, las aulas, los maestros y los alumnos. Advierte que en 30 días ya no se hacen responsables. ¿Habrá más gobernadores que tiren la toalla en educación y otros de los problemas que probablemente durante su campaña prometieron resolver?
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Resulta que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo que encabeza Ovidio Noval entregó a la PGR de Alberto Elías un expediente que demuestra que cumplió con la Ley de Puertos cuando firmó el Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones (APIMAN01- 035/18 de fecha 21 de agosto de 2018) con la empresa Logística de Fluidos y Graneles. Y es que el pasado 22 de noviembre la PGR abrió una carpeta de investigación (AYD-MAN-1123/2018) tras una queja de la firma Porter FG, misma que al no obtener la concesión portuaria solicitó indagar el contrato que, dicen los que saben, no le favoreció.
