Llamó mucho la atención la presencia de María de los Ángeles Jasso Cisneros, subprocuradora de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la reunión sostenida entre Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, con los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, así como la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Todos ellos hablaron de los pros y contras de la reducción del IVA y el ISR, así como de la zona franca para que los mexicanos no crucen a Estados Unidos a comprar bienes y servicios. Hasta donde se sabe la subprocuradora está asesorando a Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico del mandatario electo.
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Ya empezó a moverse fuerte la grilla al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la vacante que dejará el ministro José Ramón Cossío Díaz a partir del 30 de noviembre. Varios nombres suenan. Nos dicen que la investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni, trata de llegar a esta posición con el impulso del ministro Arturo Zaldívar, quien buscará la presidencia del máximo tribunal en enero. Además, asesoró en materia legal a la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, cercana a Andrés Manuel López Obrador.
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Pero otro perfil que ve bien el tabasqueño es el de Leticia Bonifaz, quien fue su consejera jurídica y desde ahí llevaba la relación con los entonces ministros en medio de la crisis por su desafuero, en 2005. Hay quienes aún creen que Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, podría cabildear con el PRI y el PAN para colarse en la terna que envíe el Ejecutivo en plena transición. Con la primera terna se podrá ver qué tipo de Corte quiere tener López Obrador.
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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer, a medias, una papa caliente. Se trata del amparo directo 9/2018, a cargo de la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. Una mujer de 80 años, quien prestó sus servicios por más de cinco décadas a la misma familia, renunció y exigía indemnizaciones de ley, así como la inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ayer la Segunda Sala rechazó la pretensión de la quejosa y avaló que los trabajadores domésticos no tienen derecho a los servicios del IMSS, de Tuffic Miguel Ortega, pero que en este caso los patrones sí deben pagar por riesgos y enfermedades de trabajo, lo que puede ir sentando jurisprudencia si se juntan los casos necesarios. La decisión no convence del todo a quienes han estado pugnando desde la sociedad civil por los derechos laborales plenos de las trabajadoras domésticas, que en el país suman tres millones de personas.
