Dicen los que saben que en la Secretaría de Educación Pública, de ESTEBAN MOCTEZUMA, se alista un nuevo protocolo con el que se reforzarán las medidas de seguridad en las primarias y secundarias públicas de todo el país. El documento, nos adelantan, estará listo antes de que inicie el próximo ciclo escolar y contendrá medidas que responden a la coyuntura, pero también cambios de fondo para garantizar la integridad de los menores en las que participarán autoridades, maestros, personal administrativo y padres de familia. No tenemos mucho que agregar para darle énfasis a este futuro anuncio, urgente como nunca.
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Nos cuentan que las bancadas de oposición en el Congreso, llámense PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, pedirán a la Secretaría del Bienestar, de María Luisa Albores, un informe detallado de la operación del programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que sustituyó a las más de nueve mil estancias infantiles.
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A la par, pedirán que la Auditoría Superior de la Federación, que lleva David Colmenares, revise que los recursos destinados al mencionado proyecto cuartotransformista se estén aplicando adecuadamente y, por supuesto, en cumplimiento con la política pública dirigida al cuidado y atención de los menores mexicanos.
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En medio del conflicto por las protestas, la UNAM y su rector Enrique Graue se decidieron finalmente a buscar nuevos espacios, incluso hasta en el espacio exterior. Lo anterior porque, ante la progresiva demanda de personal en la industria aeronáutica, la Universidad anunció en estos días la creación de la Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial, misma que se impartirá en Ciudad Universitaria.
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Para la implementación de la nueva carrera, la máxima casa de estudios se está asesorando de expertos pertenecientes a 12 diferentes organismos, entre ellos el Instituto de Geografía, el Instituto de Ciencias Aplicadas y el Programa Espacial Universitario, esto para formar expertos que compitan en el mundo con especialistas de países líderes en la materia. ¿Estaremos a tiempo de hacer algo relevante en esa materia?
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Nos cuentan nuestros amigos de Oaxaca que fue la administración de David Penchyna en el Infonavit, 21 meses después de que Alejandro Murat Hinojosa dejó el instituto, la que decidió cambiar la estrategia y no contar con la participación del sector privado en el programa de movilidad hipotecaria, pagando a Telra Realty (de André y Max El-Mann Arazi y Rafael y Teófilo Zaga Tawil) cinco mil 88 millones de pesos sin que se conozcan los argumentos, según ellos. Es decir, los Murat aseguran que ellos no saben de qué hablan las autoridades de la 4T, que le pregunten a Penchyna.
