Una mala para el sector de las universidades públicas, pues la detención del presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo, GERARDO SOSA CASTELÁN, por peculado y lavado de dinero, establece un muy mal precedente para el gremio. La detención se debe principalmente a los trabajos realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, en conjunto con la DEA, que derivaron en tres denuncias ante la Fiscalía General de la República y el aseguramiento de seis cuentas bancarias con nada más y nada menos que 151 millones de dólares que esa casa de estudios ingresó al país desde el extranjero.
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Sobre el tema del dinero, nos cuentan, Santiago Nieto ya se la sabe. Nos dicen que judicializó todo el asunto, por lo que descongelar los cientos de millones de dólares, o las decenas de millones de dólares, con algunos trucos legales, no será opción. Les congelaron el dinero y a los que siguen, les aplicarán la misma medicina.
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Una buena para las instituciones educativas, pues el Centro Universitario de Participación Social de la BUAP fue galardonado durante la edición 2020 del Premio Internacional Unesco-Confucio por sus programas de alfabetización y trabajo comunitario.
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La institución que lidera Alfonso Esparza ha implementado acciones relacionadas con ese tema en 190 comunidades de 30 diferentes municipios en Puebla, mismas que consisten en la instalación de escuelas, bibliotecas, impartición de clases y talleres de capacitación.
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Hablando de escuelas. Que el abogado general del Instituto Politécnico Nacional fue suspendido por la Secretaría de la Función Pública con 30 días de su salario y no crea nada más que por ser neoliberal y amigo personal de Aurelio Nuño, sino porque le comprobaron haber retirado sin sustentos jurídicos una demanda que la anterior administración del Instituto entabló en contra de Fundación Politécnico por retener de manera indebida más de 25 millones de pesos, propiedad de esa Casa de Estudios.
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Así es, con la llegada de Mario Rodríguez Casas y del abogado José Juan Guzmán Camacho, no sólo eliminaron la piedra jurídica que estorbaba al entonces presidente de la Asociación Civil, Humberto Soto Rodriguez, sino que aumentaron su relación para administrar la caja chica que representa fondear a esa organización con un porcentaje de las cuotas de inscripción y reinscripcion que hacen los alumnos por estudiar, y la gratuidad.
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Las preguntas surgen de inmediato, por qué solo sancionan al abogado general, si el director general tenía conocimiento. Si sabía, mal por el nulo mensaje de transparencia al evitar que un juez resolviera la controversia y si no sabía, peor, será que don José Juan se manda solo.
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